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La número dos de Carmen Calvo dice que le pidió información "precisa" sobre Ghali

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la comparecencia de la exjefa de Gabinete de Calvo ha durado apenas 15 minutos.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la comparecencia de la exjefa de Gabinete de Calvo ha durado apenas 15 minutos.
Carmen Calvo llora en el plenario del 40 Congreso del PSOE. | EFE

La exjefa de gabinete de la que fuera vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres, ha declarado este viernes en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, que investiga la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La declaración se ha producido por videoconferencia desde los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

María Isabel Valldecabres es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, además de magistrada de carrera. Actualmente es la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda tras dejar la dirección de Gabinete de la exvicepresidenta primera y exministra de la presidencia, Carmen Calvo

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que la comparecencia de la exjefa de Gabinete de Calvo ha durado apenas 15 minutos. Durante su breve dclaración para esclarecer la implicación de la exvicepresidenta del Gobierno en la entrada ilegal de Ghali en España, Valldecabres ha asegurado que Calvo "no tenía información precisa y pidió que me informara".

Este viernes también ha comparecido como testigo en la misma causa la jefa de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Susana Crisóstomo ha asegurado al juez que "el ministro le dijo el 23 de abril que llamara al entonces nº 2 de la exministra Arancha González-Laya, Camilo Villarino, para que "pusiera en conocimiento de la Audiencia Nacional la presencia de Ghali en España y la siguiente vez fue cuando les comunicó que se iba".

El líder del Frente Polisario aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argelia. Posteriormente, ingresaba en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso. Esta actuación del Gobierno de Pedro Sánchez de ocultar a Ghali en nuestro país desataba la crisis con Marruecos en la frontera de Ceuta. Ghali tenía que responder ante la justicia española tras la presentación de varias querellas por presuntos delitos de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad.

El 2 de junio, Ghali quedaba en libertad sin medidas cautelares, tras su declaración de menos de 2 horas por videoconferencia ante el juez Pedraz. Una declaración que se efectuaba desde el hospital de Logroño, donde permanecía ingresado por covid-19 y en la que defendía su inocencia. Pedraz rechazaba entonces decretar la prisión provisional ni otro tipo de medidas cautelares respecto Brahim Ghali.

Tanto la exjefa de gabinete de vicepresidencia como la actual jefa de gabinete de Interior fueron citadas a petición de las acusaciones personadas en la causa. La acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, reclamó la comparecencia de Crisóstomo en el marco de su tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó "con otros Ministerios" la entrada del líder Polisario a España.

La "vulneración frontal" de Schengen por el Gobierno

El titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, acusaba el pasado 11 de octubre al Gobierno de Pedro Sánchez de una "vulneración frontal" del reglamento Schengen por permitir la entrada del líder del Frente Polisario a nuestro país.

En un demoledor auto, el instructor rechazaba la petición de la Abogacía del Estado de archivar la causa y afirmaba que "el Reglamento obliga a las propias Instituciones de la Unión Europea y a los países que la integran, siendo directamente aplicable en éstos de forma inmediata sin necesidad de trasposición al Derecho interno, habiendo motivos hasta el momento para creer que no ha sido una mala o difícil interpretación la realizada de norma tan básica, sino una vulneración frontal de sus preceptos al haber pretendido su inaplicación, siendo ésta la razón por la que se cuestiona lo sucedido en sede penal y no en otra jurisdicción".

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