La Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez y ahora Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha acordado archivar la investigación sobre las ayudas concedidas por el Gobierno a la empresa Industrias Plásticas Playbol, propiedad de los padres del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al no apreciar "indicios razonablemente verosímiles de la comisión de delito en los hechos" denunciados por el PP en la Asamblea de Madrid.
En un decreto de este martes, recogido por Europa Press, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pone el foco en "la patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria".
Fue el pasado mes de abril cuando la Fiscalía acordó la incoación de diligencias para el esclarecimiento de hechos que revestían una "especial trascendencia". Se abrió entonces una investigación por cada una de las siete empresas "supuestamente favorecidas", entre las que estaban Beedigital --a la que la denuncia vincula con la ministra de Economía, Nadia Calviño-- e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como era más que obvio, la Fiscalía, que en última instancia depende de Sánchez, como él mismo reconoció en una entrevista, ha archivado la denuncia.
Tras archivar únicamente la relativa a los padres de Sánchez, el fiscal asegura que el denunciante "nada aporta acerca de la intervención que pudiera haber tenido el presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público en la obtención de las ayudas". "Esto es, sobre su participación en unos hechos cuya trascendencia penal tampoco se concreta", señala. Sin embargo, en varias ocasiones el propio Sánchez ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de corrupción por el contrato de las mascarillas de su hermano en el que concurren las mismas circunstancias.
Anticorrupción decidió investigar los hechos "en la medida en que la denuncia siembra la duda sobre las ayudas percibidas por Industrias Plásticas Playbol", al sugerirse que "podría haberse visto beneficiada por esa relación con la empresa arrendadora de los locales donde se desarrolla su actividad, propiedad de los padres" de Pedro Sánchez. Pero la Fiscalía de Sánchez no ha observado que haya ninguna relación entre las ayudas a los padres de Sánchez y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En concreto, las operaciones denunciadas se refieren a quince ayudas recibidas por la citada sociedad: tres en las que intervino la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA) y doce el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Tras analizar los criterios que harían a Industrias Plásticas Playbol como elegible para recibir esos fondos, Anticorrupción llega a la conclusión de que las "operaciones aparecen revestidas de legalidad". "Aventurar un trato de favor o el despliegue de algún tipo de influencias para su realización situaría el relato en el ámbito de la pura especulación, extramuros del derecho penal", sostiene el decreto.
Y es que, a juicio del Ministerio Público, "lo expuesto resulta suficientemente expresivo de la palmaria ausencia de elemento incriminatorio". En primer lugar, porque la sociedad "cumplía con los requisitos para obtener las ayudas" y, en segundo lugar, "porque era la entidad financiera la que tenía el conocimiento del cliente y de la operación de financiación las ayudas eran concedidas directamente por instituciones financieras que decidieron sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos". Exactamente las mismas circunstancias que concurrían en el caso del contrato del hermano de Ayuso a la que Sánchez, sin embargo, considera una corrupta por un contrato en el que la presidenta madrileña no tuvo ninguna intervención.
Pero, además, la Fiscalía señala que los controles del ICO se producen "con posterioridad a la concesión de las ayudas, con un carácter subordinado y neutral y, desde luego, al margen del ámbito político al que el denunciante pretende llevar estas operaciones".
"El ICO, una vez aprobadas por la entidad financiera, avala las operaciones de hasta 50 millones de euros consistiendo sus comprobaciones posteriores en la revisión directa de todas aquellas cuya cuantía excede de 10 millones de euros y en la revisión mediante un sistema de muestreo respecto de las que no superan esta cuantía", explica.
Así, en caso de impagos y ejecución del aval, el ICO lleva a cabo comprobaciones individualizadas ex post de cada operación de acuerdo con la naturaleza características del aval, conforme a la normativa aplicable. En relación a Industrias Plásticas Playbol, "el Área de cumplimiento normativo del ICO ha informado de que no ha recibido comunicación relativa a incidencia o incumplimiento alguno por parte de las correspondientes entidades financieras", según señala Anticorrupción.
Y es que, "en todo caso, las eventuales situaciones de impago y consiguiente ejecución de los avales del ICO que puedan manifestarse en el futuro por el deterioro de la calidad crediticia carecen, en principio y por si mismas, de relevancia penal".
El fiscal tampoco "alcanza a vislumbrar la trascendencia que a los efectos de esta investigación pueda tener la relación entre Playbol e Industrias Plásticas Playbol en virtud de la cual aquella vendió a esta en 2018 sus activos, fondo de comercio y maquinaria, manteniendo la vendedora la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial transmitida, que pasó a arrendar a la empresa compradora".
A juicio del Ministerio Fiscal, se "trata de una operación mercantil habitual, transparente y con razonabilidad económica y tributaria tanto para el comprador como para el vendedor".
"La patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas, según se ha expuesto, y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de una mínima base indiciaria, convierte en improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduzca estas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo", concluye Luzón. Un corte inquisitivo que la Fiscalía no denunció en el caso del contrato del hermano de Ayuso, que sufrió una persecución mediática y política que aún habiendo sido archivado, perdura en la Fiscalía Europea por una fiscal afín al PSOE.