El Tribunal Supremo ha emitido una nota en la que afirma que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel "comparece" a fin de "regularizar su situación procesal". La comparecencia ha sido voluntaria y acompañada "por su nuevo abogado", Íñigo Iruín, exdiputado de Batasuna. El Tribunal Supremo explica que Gabriel fue "procesada en marzo de 2018 con ocasión del procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo por su posible implicación en la declaración unilateral de independencia de Cataluña". "La investigada -añade el comunicado- se encontraba huida en Suiza desde febrero de 2018 y fue declarada en rebeldía por Auto de 9 de julio de 2018.
El alto tribunal informa también de que "Anna Gabriel fue investigada como presunta autora de un delito de desobediencia del art. 410 del Código Penal, sin que existiera contra ella ninguna orden europea o internacional de detención puesto que el delito que se le atribuye no lleva aparejada pena privativa de libertad, sino pena de multa de hasta doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración. Existía, sin embargo, una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del Tribunal y pudiera recibírsele declaración, ante la imposibilidad legal de continuar el procedimiento contra ella sin haber practicado una previa declaración indagatoria".
Interrogatorio "en fechas cercanas"
Tras su entrega, el magistrado instructor la ha citado para ser interrogada "en fechas cercanas y con participación del resto de las partes personadas en el proceso". "Hecha la citación, quedará en libertad", concluye la nota emitida por el Supremo esta mañana.
Gabriel se ha caracterizado por mantener un perfil bajo a pesar de que fue una de las dirigentes políticas más entusiastas durante la asonada separatista de 2017. Tras unos meses viviendo de la "caja de resistencia", la exdiputada de la CUP hizo carrera en un sindicato suizo "Unia" hasta convertirse en la principal dirigente de la sectorial de servicios en Ginebra. En declaraciones a un medio de ese país aseguró que se proponía "tener los derechos de los trabajadores en el centro de su pensamiento".
Con su entrega hoy en el Tribunal Supremo pretende regularizar su situación procesal en España.