La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE, que ratifica las condenas de la Audiencia Provincial de Sevilla por prevaricación y malversación de fondos públicos y la entrada en prisión de José Antonio Griñán —si el TC o un indulto de Sánchez no lo remedian—, está sirviendo para poner una vez más de manifiesto la doble vara de medir de la izquierda política y mediática.
Desde ayer asistimos a un espectáculo bastante lamentable en la que políticos —con Pilar Alegría y Juan Espadas a la cabeza— y periodistas —poner ayer La Sexta y otras cadenas permitía asistir gratis a un espectáculo pornográfico, más que periodístico— alaban a calzón quitado la honestidad de unos políticos condenados por malversar cientos de millones de euros. En definitiva, la corrupción de la derecha es mala por egoísta; la del PSOE es buena, porque lo hacen por la paz social y el bien común.
El Mundo pone el foco en lo que se ha juzgado en este caso, que no es si Manuel Chaves o José Antonio Griñán robaron dinero público —el mantra exculpatorio que repiten como papagayos todos los socialistas que se han manifestado públicamente sobre la sentencia— sino un caso en el que el "lucro personal" se ha puesto al "servicio del PSOE", en "el mayor saqueo de la democracia", dice el editorial.
Teresa López Pavón señala en su análisis que lo que tres instancias judiciales han dejado claro es que "durante toda una década, desde las instancias más altas de la Administración autonómica, se puso en marcha un procedimiento específico para eludir los controles y repartir caprichosamente más de 600 millones de euros entre empresarios afines, amigos, comisionistas profesionales y colectivos conflictivos que ponían en riesgo la estabilidad de los gobiernos socialistas". Y que "la coartada social ha funcionado durante todo el proceso de los ERE como una suerte de bálsamo que hacía supuestamente menos dolorosa la verdad judicial que, desde el entorno de Partido Socialista, se ha negado y se ha justificado". A esta "coartada social" se suma la coartada de la honradez personal, es decir, "el relato exculpatorio del Partido Socialista" con "la tesis repetida de que ninguno de los principales altos cargos condenados se ha enriquecido con la corrupción de los ERE, como si la condición necesaria para hablar con rigor del expolio de los bienes públicos (malversación y prevaricación) fuera el lucro personal". Pero a estas dos coartadas añade López Pavón un tercer argumento. El de que "todo ocurrió a espaldas de los principales condenados precisamente por falta de controles o porque esos controles fallaron, como falla por desgaste el engranaje de una maquinaria sofisticada". Pero estas tres coartadas, este "discurso exculpatorio" ha sido desmontado totalmente por la justicia.
El País de las 169 portadas sobre los trajes de Camps lleva en portada que "Un Supremo dividido condena a prisión a Griñán por los ERE" pero no dedica su editorial a la demoledora sentencia del Tribunal Supremo. El, posiblemente, mayor caso de corrupción de la historia en España sólo le merece al periódico de PRISA un breve análisis de Luis Barbero, que no se sabe si va o viene, y otra columna de Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Gaspar Zarrías, en la que lamenta la preeminencia del Poder Judicial sobre los otros Poderes del Estado que certifica esta sentencia.
En "Una condena de la historia", Barbero empieza señalando lo obvio: que la sentencia que conocimos ayer da la puntilla al PSOE en Andalucía que "languidecía tras la durísima derrota en las elecciones autonómicas celebradas hace poco más de un mes" donde la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno (que sumando lo obtenido por Vox se sale de los registros) se produjo "en un territorio considerado no hace mucho tiempo el corazón del socialismo". Pero tras lo obvio, el "y tú más", a saber: "El escándalo de los ERE ha sido la gran munición que el PP ha empleado en los últimos 10 años para contrarrestar el caso Gürtel, la trama que durante años corroyó las estructuras internas de los populares, como si hubiera una corrupción mala, pero hubiera otra peor", sin aclarar cuál le parece peor al autor. Y a continuación hace suyo el argumento exculpatorio de los socialistas sobre la honradez personal de Chaves y Griñán. "Gürtel permitió al PP acudir dopado a las elecciones con recursos procedentes de la financiación ilegal, además del enriquecimiento personal de algunos de sus dirigentes. En el caso ERE no ha habido ni ese enriquecimiento personal ni financiación ilegal, pero sí permitió al PSOE regar de dinero público a la sociedad para buscar la paz social en la comunidad con una falta de control que sonroja y que dio pie al clientelismo", como si regar con dinero público a la sociedad fuese un acto de bondad, no la forma de mantener el voto cautivo. No obstante, Barbero reitera lo obvio: que la sentencia es un mazazo para el PSOE. "Al fin y al cabo, Chaves y Griñán han sido diputados, ministros, presidentes de la Junta de Andalucía y presidentes federales del PSOE. Son pasado, sí, pero también historia del socialismo en España".
Gonzalo Martínez Fresneda en su columna "La Superioridad del Poder Judicial" señala que la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía es una sentencia histórica, pero no por los hechos que juzga, sino porque viene a culminar una tendencia que ya venía anunciándose en la judicialización política española: la preeminencia del poder judicial sobre los otros poderes del Estado". Vaya: que el desvío de 680 millones no le parece suficientemente relevante. Continúa Martínez Fresneda señalando que se produjeron irregularidades, pero peccata minuta ("un número mínimo de las ayudas fueron a parar a personas que no las acreditaban") y dice sorprendido que "de la prevaricación se pasa a la malversación, a pesar de que en el juicio celebrado en Sevilla durante un año no se presentó, ni, por lo tanto, se cuantificó, ni un solo episodio concreto de desviación de fondos". Y concluye: "En pocos juicios mediáticos los hechos dados por ciertos fuera de la sala del juicio han tenido tanta influencia dentro".
Su indignación sube de tono cuando señala que "no hay un solo precedente de esto en toda la casuística judicial española" y por "esto" hace alusión a que "considera la sentencia que el Parlamento andaluz, año tras año, al aprobar esos presupuestos, no corrigió esas arbitrariedades porque no las advirtió. Convertidos los presupuestos en ley, no pudiendo tacharse una ley de ilegal, el reproche se dirige a los actos preparatorios (proyecto de ley) o periféricos (modificaciones presupuestarias) que se degradan a la categoría de resoluciones injustas en ‘asunto administrativo’, para poder ser tachadas de prevaricación". Después de darnos una clase sobre la potestad presupuestaria del ejecutivo, Martínez Fresneda dice que "la Audiencia de Sevilla primero y el Tribunal Supremo después traspasan un umbral nunca transitado al entrar a juzgar nada menos que la potestad de un Gobierno para elaborar los presupuestos y la de un Parlamento para examinarlos y aprobarlos, que son las dos facultades políticas por excelencia de ambos órganos, hasta el punto de que están en su mismo origen histórico".
En opinión del abogado de Gaspar Zarrías, "la tesis de esta sentencia parte de un presupuesto argumental que impone un serio debilitamiento de los otros poderes del Estado, con independencia de que ello suceda en sede de comunidad autónoma. Un Gobierno que prevarica y un Parlamento que se equivoca", una tesis que "también desmerece y ningunea toda labor parlamentaria y es un precedente muy grave para lo que pueda venir". Avisados estamos.
ABC lleva en portada "Un saqueo de 680 millones a la espera de indulto" y editorializa con "No hay corruptos honrados". "Que Chaves y Griñán no se hayan llevado un euro a su bolsillo no significa nada más que eso, pero en política hay otras formas de lucrarse, como es asegurarse la permanencia en el poder" señala ABC. "No hay precedente, del PSOE o de otra formación, que aguante una mínima comparación con el saqueo de ingentes fondos públicos andaluces para que fueran a parar a amigos, familiares y compañeros de partido. No hay formación política ni comunidad autónoma que tenga a dos expresidentes condenados por corrupción. Solo el PSOE". Y añade: "Las declaraciones amigables de los dirigentes socialistas con Chaves y Griñán demostraron esa doble moral que tienen con el Código Penal, articulada en el argumento de que la izquierda no comete delitos, sino que es perseguida por una trama político-judicial; la izquierda no roba, sino que distribuye riqueza".
Julián Quirós incide en lo mismo: "Ni ponerse colorados", titula su columna. "Algunos tienen la suerte de no ser evaluados por los resultados, ni siquiera por los hechos, sino por las intenciones (que procediendo de la izquierda se presuponen como buenas intenciones)" y concluye: "16 condenas, una decena de ellas con ingreso en prisión, y 680 millones de euros no sirven para que aquel partido de los cien años de honradez se ponga colorado". La superioridad moral les impide ponerse colorados.
Ignacio Camacho no ha visto ayer La Sexta ni ha leído El País: "Un sistema de corrupción institucional que desacredita cualquier tipo de invocación victimista. La gigantesca trama venal acaba con la autoatribución de superioridad de la izquierda, definitivamente inhabilitada para impartir lecciones de ética". Seguirán dando lecciones de ética y de estética y de lo que haga falta. No tengas ninguna duda. Describe Camacho el caso como una trama de "encubrimiento, simulación, nepotismo, arbitrariedad, compra de voluntades para mantener la paz social a base de regalías. Enriquecimiento ilícito de altos cargos, despachos de abogados, intermediarios y comisionistas. Una partida presupuestaria oculta cebada año tras año con recurrencia fija. Un sistema de corrupción organizada…" etc etc. "El PSOE ya nunca podrá presumir de limpieza", dice con una mezcla de inocencia y optimismo. "Al presidente se le ha presentado un grave problema que desmonta su estrategia de estigmatización de la derecha. Podrá alegar que los hechos juzgados no ocurrieron en su etapa, pero una de sus ministras –María Jesús Montero– y Juan Espadas se sentaron a la mesa del Consejo que daba vía libre a las ayudas fraudulentas y él mismo ha insistido en la defensa de los dirigentes afectados por la múltiple condena". Pues sí parece que el PSOE tiene un problema, sí.
En La Razón la portada destaca que "el Supremo deja a Griñán en manos del TC o el indulto". Ya en Opinión, destaca la de Rebeca Argudo, con un titular que lo dice todo: "El fraude del relato del fraude". Señala la autora que "si algo queda claro con esta sentencia, además de la corrupción del PSOE, es su habilidad para la fabulación y su desprejuiciada ausencia de decoro: apenas anunciado el fallo, no dudaba su secretario general en Andalucía, Juan Espadas, en calificar a los dos expresidentes condenados como ‘personas honorables’ y al brutal fraude como ‘procedimiento que perseguía un fin social’". Todo lo ocurrido ayer deja muy claro que "entre las filas socialistas hay dos máximas, casi axiomas para ellos: que relato mata a dato (y no al revés) y que ellos deben ser juzgados por la mejor de sus intenciones mientras el resto debe serlo por el peor de sus errores". "Con la ratificación del Supremo calentita por un lado y las declaraciones de los socialistas por otro, lo que parece (parece que quieren que parezca) es que hay dos tipos de corrupción: la buena y la mala. La primera, la suya, ni es corrupción ni es nada. Apenas fruslería. Y luego está la mala, la de los otros, que esa sí es grave y es la que hace pupita. El mayor caso de corrupción de las últimas décadas en España no sería, por lo tanto, más que un pequeño equívoco, una leve irregularidad".