No una, sino dos. Se trata de las imputaciones que han caído ya sobre la espalda del director general de la Policía nombrado por Pedro Sánchez debido a sus mecanismos de ascenso y selección de personal en los cargos. Una práctica que parece destinada a crear una policía de adeptos y que le ha costado ya a Pardo Piqueras una nueva investigación. Pero, pese a ello, el director político de la Policía, impulsado y defendido por José Bono, sigue contando con la plena confianza del Gobierno.
Un Juzgado de Vitoria investiga de nuevo al director general de la Policía Nacional y al Comisario Provincial de Vitoria por la presunta comisión de varios delitos. El Juzgado ha acordado ya incoar diligencias plenas y notificar a los investigados el inicio del procedimiento penal. Y los imputados son el director general de la Policía Nacional, el Comisario Provincial de Vitoria y un Inspector Jefe, instructor de Régimen Disciplinario.
La querella ha sido interpuesta por el Sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) por unos hechos cometidos en marzo de 2022. La nueva historia comenzó al incoársele un expediente disciplinario a uno de los representantes sindicales de ASP. En el escrito de la querella se explica que la finalidad de la medida disciplinaria era la de amedrentar al policía, con el fin de que su asociación cesara en las reclamaciones que han mantenido contra los nombramientos a dedo dentro de la Policía. Y es que ASP y su representante sindical ahora expedientado, están llevando a cabo acciones sindicales para acabar con las "ilícitas comisiones de servicios que continuadamente se generan, entre otras, en la Brigada Provincial de Información", señalan desde el sindicato en cuestión.
ASP explica que, bajo mando de Pardo Piqueras, "se sortean los requisitos legales establecidos para ello y se consiente que se prolonguen en el tiempo mucho más allá de lo que reglamentariamente está permitido". Eso sí, sólo para determinados privilegiados, que ocupan cargos sin respaldo legal y por decisión personal de la cúpula de Pedro Sánchez.
"Por considerar que el expediente disciplinario incoado a nuestro delegado se ha iniciado al margen del procedimiento que podía ser procedente, en atención a los hechos que se le atribuyen, podemos deducir de tal proceder, que se pretende sancionarle a toda costa y para ello se ha resuelto por los representantes de la Administración mermar el marco de su capacidad de actuación y defensa, dejando en manos del Director General de la Policía la decisión, al tener éste total libertad de acción, por ser juez y parte, y con ello tratar de lograr doblegar la voluntad de nuestro delegado sindical’, aclaran desde el sindicato. "Este intento de intimidación directamente trata de influir en la libertad y actuación sindical de Alternativa Sindical de Policía, y no vamos a consentirlo", concluye ASP.
Hay que recordar que previamente, ASP, había promovido otra acción penal contra el director general de la Policía y el Comisario Provincial de Vitoria, igualmente relacionada con el otorgamiento de puestos de trabajo mediante "comisiones de servicios ilegales, dando lugar a que se siga otro procedimiento penal en los mismos juzgados, donde se investiga si existió prevaricación administrativa continuada", señalan desde el sindicato.
ASP, de hecho, se vio obligada a acudir a la vía judicial, ante las "ignoradas solicitudes que ha dirigido a los órganos de dirección y gestión del Cuerpo Nacional de Policía, para que se obre con transparencia y legalidad", añaden. Y hay que recordar que, a la hora de otorgar puestos de trabajo mediante comisión de servicios, "los mismos se han de ofertar mediante concurso público, siguiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad, de forma que permitan el acceso a cuantos deseen ocupar alguna de las vacantes existentes", sentencia el sindicato.
Estos hechos se remontan al año 2020, cuando en un procedimiento contencioso-administrativo ASP aportó los nombres de distintas personas que ocupaban irregularmente puestos de trabajo mediante comisiones de servicios. La negativa de la Dirección General de la Policía para aportar la documentación, fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco (TSJPV) negando que dicha información tuviera carácter secreto.