La reforma del delito de sedición que negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC facilitará la vuelta de los golpistas del 1-O a la política.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "la reforma de la sedición afectará a la pena de prisión y a la pena de inhabilitación. Teniendo en cuenta que los condenados por el 1-O ya fueron indultados por el Ejecutivo, la pena de prisión ya no es un problema al quedar extinguida. Ahora necesitan rebajar su pena de inhabilitación para optar a un cargo público, aunque obviamente ya participan en política".
El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras fue condenado por el Tribunal Supremo en octubre de 2019 a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta, los cuatro por delito de sedición en concurso medial con malversación agravada. El Supremo también condenó por sedición a Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta; a Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y 6 meses de prisión e inhabilitación; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a 9 años de prisión e inhabilitación.
El Ejecutivo estaría dispuesto a rebajar la pena por sedición a la mitad, no obstante, algunos de los golpistas también fueron condenados por el delito de malversación. Cabe destacar que las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña se celebrarán en 2025 en caso de que no haya adelanto electoral, mientas que las elecciones generales previsiblemente se celebren a finales del próximo año. Es decir, si se reforma la sedición los golpistas podrían llegar presentarse incluso a las autonómicas.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el Ejecutivo puede tramitar la reforma del delito de sedición como una proposición de Ley, en vez de proyecto de Ley, para evitar a los órganos consultivos: la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado. Si lo tramitan de forma urgente por lectura única, la reforma podría estar lista en dos meses".
Cabe destacar que una vez entrara en vigor la reforma, los condenados por el 1-O serían sometidos a un juicio de revisión. La Fiscalía del Tribunal Supremo tendría que informar sobre cómo afecta la reforma del delito de sedición a la condena de prisión e inhabilitación. Posteriormente, el Tribunal Supremo tendría la última palabra.
El pasado viernes, Pedro Sánchez afirmaba desde Bruselas en referencia a la reforma del delito de sedición que "tenemos un Código Penal que en algunos delitos no es homologable" a otros países europeos y lo dicen así "los propios penalistas".
El delito de sedición viene recogido en los artículos 544 y 545 del Código Penal. Según el primero de los citados artículos, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Por su parte, el artículo 545 del C.P. hace referencia a las penas de la sedición: "Los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años".
Los fugados como Puigdemont también beneficiados
Los dirigentes políticos catalanes declarados en rebeldía tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 como el expresidente catalán Carles Puigdemont huido a Bélgica o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada a Suiza también se beneficiarían de la reforma del delito de sedición.
Las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que "la reforma de la sedición afectaría a los fugados en el plazo de prescripción del delito, así como a la hora de valorar la adopción de imponer medidas cautelares antes del juicio si se entregan". Por tanto, la reforma de la sedición abriría un nuevo escenario de negociación para que Puigdemont vuelva a España.