La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) ha desmentido al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad de "reformar" el delito de sedición.
En un comunicado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la AF afirma que "una reforma del delito de sedición de la trascendencia y calado como la que se pretende, hasta el punto de proponer su derogación, debiera tramitarse con el necesario sosiego, recabando los informes del CGPJ, Consejo de Estado y Consejo Fiscal".
"No es cierto que el Derecho de la Unión Europea exija reformar el delito de sedición. El delito de sedición se ha mantenido en todos los Códigos Penales de nuestro país. El Código Penal de 1995 (conocido como el Código Penal de la democracia) también lo asumió", añade.
"No es cierto que las penas previstas para el delito de sedición sean superiores a las penas previstas para las conductas que se tipifican (reciban o no el nombre de sedición) en otros países de la Unión Europea. Tanto el informe de indulto de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal del TS en la ejecutoria de la causa especial 3/2097/1997 ya lo pusieron de manifiesto con claridad", destaca el comunicado.
"La reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que es un valor imprescindible para mantener el Estado de Derecho y las garantías de todos los ciudadanos, y que exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias", sostiene.
"No es en ningún caso admisible una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones de personas concretas. Con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad", concluye.
El PSOE y Unidas Podemos decidieron presentar su reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición como proposición de ley, para evitar que los órganos consultivos del Estado se pronunciaran con sus informes. No obstante, ocho vocales del grupo conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han decidido solicitar que se debata durante el pleno de esta semana.
"Desórdenes públicos agravados" por sedición
Recordamos que el texto del Gobierno para definir el delito de desórdenes públicos agravados tras suprimir la sedición señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".
Además, la proposición de Ley añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años".
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