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Sánchez se inventa un plan de apoyo a la infancia para contrarrestar el golpe electoral del 'sólo sí es sí'

El Gobierno intenta neutralizar el impacto electoral de la suelta de violadores por culpa de la ley de Irene Montero.

El Gobierno intenta neutralizar el impacto electoral de la suelta de violadores por culpa de la ley de Irene Montero.
Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños. | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a demostrar que está más preocupado por el impacto electoral y mediático de sus actos, que por las repercusiones sociales y reales de sus políticas. Y esa conclusión se acaba de confirmar hasta el punto de que, mientras el presidente del Gobierno respalda a Irene Montero —impulsora de la ley que excarcela a violadores y abusadores, por ejemplo, de menores—, Sánchez se ha inventado un plan de apoyo a la infancia con el que intentar contrarrestar el golpe electoral que la norma puede suponer para sus aspiraciones políticas.

Frente a la salida de abusadores de menores a la calle, un plan de apoyo a la infancia. Esa parece ser la reflexión a la que ha llegado Sánchez, que acaba de impulsar un plan contra "la pobreza y la desigualdad, especialmente en la infancia". Y la consigna oficial del plan no deja lugar a dudas. Las líneas básicas fueron adelantadas por Sánchez en la clausura del acto "Infancia y futuro. Voces y miradas en tiempo de crisis", organizado por UNICEF con motivo de la celebración del Día Mundial de la Infancia, el pasado día 20 de noviembre. Es decir, casi una semana después del estallido del escándalo de la excarcelación de violadores y abusadores sexuales por culpa de la ley de Irene Montero.

Situar a la infancia en el centro de su agenda

Sánchez anticipó que su Gobierno "seguirá situando a la infancia y a la adolescencia en el centro de una agenda transformadora ambiciosa" y que esta apuesta se avala con cinco líneas fundamentales de actuación.

En primer lugar, "un complemento de ayuda a la infancia en el Ingreso Mínimo Vital (IMV)". En segundo lugar, "a través de la ayuda a la crianza, dotada con más de 3.700 millones de euros". En tercer lugar, con una dotación de "más de 2.500 millones de euros en política de becas y ayudas al estudio, un factor esencial para la movilidad social". En cuarto lugar, con "un esfuerzo inversor de 136 millones de euros para reforzar la red pública educativa de 0 a 3 años". Y, en quinto lugar, "con un incremento presupuestario del 6,7% en sanidad y atención a la salud mental, una de las mayores preocupaciones de la infancia y la adolescencia, acrecentada por el impacto de redes sociales y fenómenos de acoso". Todo ello formaba ya parte de medidas anunciadas por separado y dotadas ya económicamente en los Presupuestos. Pero Sánchez ha dado orden de presentarlas unidas. Como si se tratara de un plan conjunto y novedoso. Porque sabe que la excarcelación de abusadores de menores supone un duro golpe en sus intenciones electorales.

El jefe del Ejecutivo, además, ha ordenado repasar otras políticas públicas destinadas a la infancia puestas en marcha por el Gobierno, como el impulso de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, para sumarlas al pretendido plan de apoyo a la infancia. Ahí se engloba, igualmente, la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que el PSOE califica como "un instrumento de coordinación clave para el desarrollo de la Ley, con una detallada hoja de ruta para los próximos siete años en este ámbito". Y también queda dentro de esa lista de un supuesto plan conjunto el Plan Nacional de Acción de la Garantía Infantil Europea, una iniciativa que ya expuso en su primera intervención ante el Parlamento Europeo hace más de tres años como ejemplo de la Europa que protege "a quien más lo necesita". Durante esa intervención, Pedro Sánchez recordó, según datos de Unicef, que casi 1.000 millones de niños sufren pobreza "multidimensional" en el mundo, de los que más de 350 millones viven en la pobreza extrema, y puso en valor la labor solidaria de Naciones Unidas. Y todo ello lo hizo mientras sigue sin rectificar una ley que excarcela a abusadores de menores.

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