La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, fue una de las grandes promesas electorales tanto de Pedro Sánchez como del que era por entonces el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En el cuarto año de gobierno de coalición, con las elecciones generales a la vista, pues tendrán que celebrarse el próximo mes de diciembre, nada ha cambiado. La ley sigue vigente sin ningún cambio.
Lo que sí está en marcha desde hace meses son las negociaciones para su modificación, con algunos acuerdos que no han sentado nada bien en el seno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que no han dudado en salir a la calle para mostrar su rechazo al camino que se estaba marcando en la eterna ponencia que hay en el Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para su reelaboración. Una ponencia, por cierto, que se ha dado por finalizada este miércoles.
Los dos partidos que sostienen al Gobierno (PSOE y Podemos) y dos socios parlamentarios que le dan cobertura desde el exterior (ERC y PNV) han decidido iniciar ya el siguiente trámite para poder modificar la ley en la Cámara Baja. Se trata de comenzar la tramitación de la nueva ley en la propia comisión. En frente se han posicionado PP, Vox y Ciudadanos, contrarios a modificar la ley, y EH Bildu y Junts per Catalunya, que querían continuar en el formato de ponencia.
Lo llamativo es que después de más de un año y medio de ponencia todavía no hay acuerdo en los cuatro puntos clave que las fuerzas de izquierda y extrema izquierda quieren modificar. El primero esta relacionado con el uso legítimo de la fuerza que pueden emplear las Fuerzas de Seguridad para acabar con los disturbios: todos quieren prohibir el uso de pelotas de goma, pero el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska y el PSOE se resisten.
Otros dos puntos clave en el que no hay acuerdo entre los partidarios de modificar la ley tienen que ver con la gestión y las posibles multas relacionadas con las faltas de respecto a la autoridad (a los agentes de Policía que están realizando su trabajo) y la desobediencia a los mismos. Dos hechos que son importantes para los partidos que basan buena parte de su agitación política en manifestaciones que suelen tener disturbios tras las mismas.
El último gran punto de fricción son los rechazos en frontera, conocidas también por la izquierda y la extrema izquierda como devoluciones en caliente, un sistema que está avalado por los tribunales europeos. Todos lo han criticado abiertamente, incluso el PSOE cuando estaba en la oposición, pero desde que los socialistas están en el Palacio de la Moncloa han empleado este sistema en el Ministerio del Interior de manera habitual, por lo que ahora se resisten a cambiar su legislación.