Turno de Laura Borràs en el juicio en el que se le acusa de prevaricación y falsedad documental por el supuesto fraccionamiento de contratos para la página web de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), dependiente de la Generalidad. La presidenta de JxCat y presidenta suspendida del parlamento regional sólo ha querido responder a las preguntas de su defensa y ha tirado por elevación.
La manipulación de contratos, las instrucciones impartidas para presentar presupuestos "comparsa", el fraccionamiento y demás chanchullos que le atribuyen la Fiscalía y los otros dos encausados tenían el visto bueno de la intervención de la Generalidad y eran exhaustivamente revisados por la gerente de la entidad. Es más, Borràs ha dicho que "sólo seguía sus instrucciones". Todo pasaba por los funcionarios y ella era una mera intermediaria entre Isaías Herrero, el informático externo, y Assumpta Pagespetit, la gerente. Tanto el acusado Herrero como la testigo Pagespetit incriminaron a Borràs en sus declaraciones en la vista que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Borràs también ha citado a Ferran Mascarell, exconsejero de Cultura de la Generalidad, como la persona que avaló sus procedimientos. Y a la intervención de la administración autonómica que revisó los contratos, en total 18 contratos menores por un importe superior en total a los 300.000 euros. De Pagespetit ha dicho Borràs que es "la funcionaria perfecta", un dechado de rigor, una "gran profesional". Todo ello para concluir que la susodicha "lo tramitaba todo", excepto en un periodo de baja en el que la suplió otra gran profesional, según Borràs. En cuanto a la declaración de Pagespetit que pone contra las cuerdas a Borràs, ésta ha venido a decir que la funcionaria ha querido quitarse el muerto de encima porque a todo el mundo le pone nervioso que le investiguen.
Borràs recurre a los problemas Herrero
En cuanto a su examigo Isaías Herrero, ahora se da cuenta, ha dicho Borràs, que la engañaba. Primero porque pasados unos dos años de fructífera colaboración en favor de las letras catalanas, adujo un problema mental para justificar retrasos y fallos en el trabajo. Pero que más tarde le dijo que la depresión era en realidad un problema de adicción a las drogas por el que se tenía que someter a un tratamiento a base de metadona.
Todo eso es público. Lo ha manifestado en la vista el propio Herrero, condenado por tráfico de drogas y con el ingreso en prisión en suspenso a condición de que no vuelva a delinquir. Una investigación sobre ese asunto es la que afloró el supuesto fraccionamiento de contratos por el que se juzga a Borràs. Pero eso no ha sido impedimento para que Borràs haya aprovechado las preguntas finales de su letrada para presentarse como una víctima de la presunta guerra judicial contra el independentismo en el marco de la "causa general", una teoría que sólo le compra su sector en JxCat, ni siquiera todo el partido.
Los peritos de la acusada
La declaración de Borràs ha durado una hora y media y ha sido posterior a una matinal forense en relación a la cadena de custodia y manipulación del material extraído del ordenador de Isaías Herrero. La defensa de Borràs ha presentado al condenado por el asesinato de la estudiante Yolanda González, Emilio Hellín, que se cambió el nombre de Emilio por el de Luis Enrique, y al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad de Madrid, Javier Rubio Alamillo, que han sostenido una árida controversia informática con los tres peritos de la Fiscalía, agentes de la Guardia Civil.
La estrategia de la defensa
La intención de la defensa de Borràs, ejercida por Gonzalo Boye (condenado por el secuestro de Emiliano Revilla, encausado por supuesto blanqueo de capitales del narco Miñanco y letrado de Puigdemont y Torra) y su pareja, Isabel Esbal, era demostrar que todo el procedimiento es nulo por supuestos defectos de forma y en la cadena de custodia de las pruebas. Este último fallo se lo han achacado a los Mossos, que no tenían ningún representante en la sala para rebatir la acusación.
La Fiscalía pide seis años de cárcel para Laura Borràs y también para Isaías Herrero, así como más de veinte años de inhabilitación para la todavía diputada autonómica. Está a pocas semanas de cumplir dos años en el cargo como presidenta del Parlament, lo que le dará derecho a una suculenta pensión y a variadas indemnizaciones, sea o no sea declarada culpable.