Ni ERC, ni la CUP, ni Òmnium ni parte de JxCat. Laura Borràs, presidenta de la formación de Puigdemont, afronta el comienzo de su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sin más apoyo que su entorno más directo. Este viernes se ha dejado ver con Quim Torra, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula y Jordi Turull. El candidato de su partido a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha preferido no acudir a las puertas del TSJC. Dice que "mi trabajo no es ir a este tipo de actos".
El independentismo ha sentenciado a Borràs. ERC y la CUP consideran que su caso no es parte de la supuesta "causa general" contra el independentismo, sino que responde a un supuesto de corrupción, el fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía, entre 2013 y 2017, la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La fiscalía reclama para Borràs y su amigo, Isaías Herrero, seis años de cárcel. Y en el caso de Borràs, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. Las pruebas son contundentes, grabaciones telefónicas y correos electrónicos en los que Borràs explica a Herrero cómo proceder para obtener los contratos, 18 en total, por valor de 335.700 euros.
La defensa de Borràs, ejercida por Gonzalo Boye –condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y encausado ahora por supuesto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico– pretende que el tribunal no tenga en cuenta esos correos con el argumento de que los Mossos los obtuvieron de manera irregular y no se ha respetado la cadena de custodia. Pero aún en el caso de que el tribunal aceptara los argumentos de Boye, su clienta no sólo se enfrenta a las pruebas sino que también deberá hacer frente a los testimonios de dos de los acusados, su amigo Isaías Herrero y Andreu Pujol, quienes habrían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos y evitar el ingreso en prisión.
En el caso de Isaías Herrero, una pena superior a dos años supondría su entrada en la cárcel puesto que pesa sobre él otra condena por tráfico de drogas de cinco años que le ha sido sustituida por un tratamiento de desintoxicación.
El juicio arranca este viernes con las cuestiones previas y se aplazará hasta el próximo 20 de febrero. Boye ha pedido que su clienta declare en último lugar y denuncia los testimonios "pagados" de los otros dos acusados, que señalan a Borràs como la inductora de las ilegalidades.
Ambiente desangelado
Laura Borràs considera que el juicio forma parte de la "persecución" judicial contra el independentismo, pero esa teoría no se la compra ningún partido. En cuanto a las entidades separatistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell per la República de Puigdemont sí que apoyan a la dirigente separatista, pero se trata de dos organizaciones sumidas en graves crisis internas y con una cada vez más escasa capacidad de convocatoria. De hecho, el acto de apoyo a Borràs a las puertas del TSJC sólo ha contado con la participación de un centenar de simpatizantes que han coreado consignas como "Laura Borràs, nuestra presidenta" o "No es justicia, es venganza".
Bronca entre abogados
El tradicional show separatista ha incluido cánticos e insultos contra TV3 pues los simpatizantes de Borràs creen que la televisión autonómica no trata con objetividad el caso de la dirigente. Como se recordará, uno de sus fieles, el diputado Francesc de Dalmases tuvo un enfrentamiento con una periodista de TV3 por una entrevista realizada a Borràs en la que se le preguntó por el supuesto caso de corrupción. La bronca fue de tal envergadura que al trascender supuso que Dalmases tuviera que dimitir del cargo de vicepresidente de JxCat y se le abrió un expediente en el parlamento que se saldó con una multa de 400 euros.
Ya en el interior de la sala, la defensa de Borràs, en la que además de Boye participa la abogada Isabel Esbal, ha acusado a los letrados de los otros dos acusados de haber roto la estrategia conjunta, ha asegurado también que las pruebas se obtuvieron sin autorización judicial y ha pedido la suspensión del juicio tras poner en duda la imparcialidad del presidente de la sala y del TSJC, Jesús María Barrientos. También ha cuestionado que el TSJC fuera el tribunal competente para juzgar a Borràs porque ha sido suspendida como presidenta del parlamento y diputada.
Los letrados del informático Herrero y el funcionario Pujol han replicado con dureza a Esbal negando formar parte de la acusación. El ministerio público, por su parte, ha defendido la idoneidad del TSJC y ha destacado que para poder recusar a Barrientos se tenían que aportar "causas que se puedan objetivar". También ha desmontado las críticas de Esbal sobre la obtención de pruebas. Resueltas las cuestiones previas, la vista se reanudará el 20 de febrero.