El Parlamento de Navarra ha sacado adelante con los votos del PSOE, Podemos, los separatistas de Geroa y Bildu una norma que amplía la política de cupos laborales femeninos o para colectivos como los trans a los colectivos raciales. A las razas. La norma en cuestión es la Ley Foral de lucha contra el racismo y la xenofobia y, entre infinidad de cambios legislativos incorpora el siguiente concepto: "Se procurará una representación equilibrada de personas de origen étnico o racial minoritario". Lo que afectará tanto a las Administraciones Públicas como a los entornos laborales.
La norma ha sido impulsada por Podemos y por su consejero de Políticas Migratorias del Gobierno separatista, comunista, socialista -y con permiso de Bildu- que comanda Navarra. Él es Eduardo Santos y es, además, el secretario general de Podemos Navarra.
Santos ha aplaudido la norma y ha señalado que está "profundamente orgulloso de un espacio europeo que obliga a legislar marcos cada vez más exigentes de protección a la ciudadanía".
Navarra cuenta en estos momentos con una sexta parte la de la población inmigrante. Cerca de 111.000 personas que, según la nueva norma, contarán con un mecanismo de protección que puede albergar cupos laborales por razas. El texto de la norma recoge como objetivo oficial "promover las condiciones para que el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por origen étnico o racial en la Comunidad Foral de Navarra sea real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida". Y señala que "entiende por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación por origen étnico o racial, según las siguientes tipologías". La primera es la discriminación directa, situación, según el texto, en la que se encuentra una persona, cuando por motivos de origen étnico o racial, es tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra persona en situación análoga o comparable-. La segunda es la discriminación indirecta: situación por la que una disposición, un criterio, una interpretación o una práctica aparentemente neutra sitúa a "personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legitima y salvo que los medios para la consecución de esa finalidad sean adecuados y necesarios". La tercera es la discriminación por asociación: situación por la que una persona o un grupo sufre una desventaja o discriminación por su asociación o relación con una persona o grupo, por su origen étnico o racial. Y la última es la discriminación por error: situación en la que una persona o grupo de personas es objeto de discriminación por su origen étnico o racial, como consecuencia de una apreciación errónea.
A partir de ahí, la norma desarrolla esas discriminaciones. E Incluye una solución: "Para ello, se implementarán políticas públicas que promuevan la prevención, la protección y la reparación de la discriminación por origen étnico o racial; se reconocerán los procesos y las estrategias colectivas del tejido social como una herramienta clave en la lucha contra el racismo; y se legitimará como interlocutores principales a las asociaciones o entidades con experiencia en la lucha contra el racismo".
También una modalidad más aparece recogida en la norma: la discriminación interseccional: la combinación simultánea de distintos motivos de discriminación genera un tipo de discriminación específica que es una forma de opresión con características propias.
Y frente a todas esas discriminaciones, la norma incluye acciones positivas. Entre ellas, que se "procurará una representación equilibrada de personas de origen étnico o racial minoritario en los espacios de toma de decisiones de las Administraciones Públicas, en especial en la toma de decisiones que les afecten directamente". También habrá "subvenciones, o cualquier otro tipo de ayudas públicas que convoque la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes". También el hecho de que se puedan "establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos públicos la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que hayan adoptado medidas dirigidas a visibilizar de forma positiva la diversidad y el reconocimiento a las capacidades de personas de origen étnico o racial minoritario". Y, por último, que desde el Servicio Navarro de Empleo se promuevan las políticas activas de empleo "que refuercen las posiciones personales y profesionales y la empleabilidad y que faciliten el acceso de las personas a un modelo de equidad en las oportunidades de empleo".