La Justicia no quiere que el profundo y complejo entramado de sociedades que intervino en el ya judicializado caso Santana Motor sirva de parapeto para que se puedan esconder ingresos que, procediendo de las ayudas públicas de la Junta destinadas al rescate de la empresa de automoción, no debieron llegar de la forma más útil, aunque sólo sea por el hecho de que Santana cerró en dos años. Por eso, el Juzgado ha pedido "auxilio" a la Agencia Tributaria para perseguir todos los ingresos logrados por los familiares de María Gámez, la ya destituida directora de la Guardia Civil.
El Juzgado constata "la existencia del fin constitucionalmente legítimo" de las diligencias solicitadas "por el Ministerio Fiscal" que consisten en "la averiguación de los datos correspondientes a la mecánica delictiva investigada y determinación de posibles partícipes en los hechos delictivos". En concreto, "las diligencias interesadas se dirigen a obtener elementos" que requieren de "recabar el correspondiente auxilio de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)". De este modo, la "Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá medios humanos y materiales para el ejercicio de dicha función de auxilio", todo ello "teniendo en cuenta que a través del Punto Neutro Judicial sólo es posible recabar la información tributaria correspondiente a los últimos cinco ejercicios; excediendo la petición de información de dicho límite temporal". Y es que el Juzgado y la Fiscalía quieren un chequeo total de los ingresos logrados desde el inicio por las empresas de la familia de María Gámez gracias al plan de 36,1 millones destinados a Santana Motor por la Junta socialista de Andalucía.
Los datos recabados incluyen los de las firmas y sociedades familiares y de sus administradores. Porque el Juzgado quiere conocer los posibles movimientos y negocios del marido y los cuñados de María Gámez, la socialista que acaba de ser retirada de la Dirección de la Guardia Civil en medio de toda una lluvia de elogios del ministro Fernando Grande-Marlaska. Hay que recordar que Gámez tuvo cargos muy relevantes en la Junta de Andalucía en pleno periodo de los ERE: fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, justo el departamento que comandaba la Agencia IDEA, la misma que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. Gámez, además, fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga y candidata a la Alcaldía de esta ciudad. Y el sumario se centra en sus sus familiares, que disfrutaron por aquellos años de una muy buena relación con esa misma Junta socialista: su marido, Juan Carlos, ha sido imputado por sus ingresos y contratos vinculados al plan de 36,1 millones en ayudas a la empresa Santana Motor. Y el cuñado de Gámez, Bienvenido, logró nada menos que nueve cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía socialista. Ahora se sabe que, además, los familiares justificaron 280.975 € en "honorarios" en su contrato con una instrumental de la Junta socialista.
Los ingresos totales barajados por el momento por la Justicia por el entramado familiar en conexión con distintas empresas públicas o ayudadas por la Agencia pública IDEA ascienden, de hecho, a 1,36 millones de euros.