Seis de las siete las asociaciones de jueces y fiscales convocantes de la huelga indefinida han alcanzado un acuerdo con los Ministerios de Justicia y de Hacienda para evitar el paro, tras aceptar la oferta de 46,7 millones de euros, unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera. La única asociación que la ha rechazado ha sido la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El pacto se rubricará este martes.
Tras cinco reuniones, seis asociaciones de jueces y fiscales han cerrado este jueves los últimos "flecos" de la negociación y han puesto fin al conflicto y a la convocatoria de huelga que cuatro de ellas tenían prevista para el lunes 22 de mayo. La APM se ha desmarcado del pacto al considerar "insuficiente" la propuesta del Ministerio, pero no ha precisado si plantea hacer parón.
"Yo estoy en negociación todavía; los demás parece que no, que ya han llegado al término de la negociación", ha dicho el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, en declaraciones a la prensa después de que el resto de asociaciones comunicaran su decisión de suscribir el acuerdo. Según ha precisado, "a día de hoy lo que hay sobre la mesa a la asociación mayoritaria no le satisface".
Preguntado sobre si la APM irá a huelga al desmarcarse del acuerdo de la mayoría, Carbonero ha asegurado que desde su asociación suspendieron "sin fecha" el parón. "Yo no descarto nada", ha dicho para luego incidir en que "hasta que no llegue el martes, al momento de la firma, hay tiempo de acercar posiciones". En el Ministerio de Justicia celebran el acuerdo que se ha alcanzado con las seis asociaciones y han asegurado que les gustaría que la séptima, la APM, se sumara a la firma.
Aunque las seis asociaciones firmantes han celebrado el acuerdo, las más complacidas han sido las dos asociaciones izquierdistas. Inés Herreros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Edmundo Rodríguez de Juezas y Jueces para el Democracia (JJpD) han aplaudido el acuerdo porque, según han recalcado, "supondrá mejoras de carácter retributivo". Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han precisado que, aunque están a favor del pacto, el texto no atiende del todo sus demandas.
Cristina Dexeus (AF) ha asegurado que, aunque firmarán, éste "no es" el acuerdo que hubiera "deseado". José Ignacio Martínez (AJFV) ha reconocido que no le satisface "plenamente", pero ha asegurado que "es un avance". Así, ha aplaudido que este sea "el inicio de una serie de trabajos que se van a desarrollar a 'posteriori' para la mejora de las carreras judiciales y fiscales".
La propuesta de Justicia
Las seis asociaciones han dado el visto bueno a la oferta de Justicia tras rechazar en dos ocasiones anteriores las opciones que el equipo de Pilar Llop puso sobre la mesa. Primero dijeron que no a una propuesta económica de 44 millones de euros. Luego descartaron firmar una oferta por los mismo 46,7 millones de euros que ahora han aceptado. Fue el pasado martes cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que finalmente han convencido a seis de las asociaciones.
El acuerdo que se ha alcanzado este jueves incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.
Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área". Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024", según explicó el Ministerio.
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