Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y, casualmente, los distintos casos de corrupción del PSOE en fase de investigación judicial han encontrando dificultades: hackeos en la fundación del Gobierno vinculada al Tito Berni, daños informáticos en las sociedades de los hermanos de Ximo Puig regadas con subvenciones, falta de equipos especializados de la UDEF en el caso Mediador o requerimientos de informaron que no se contestan o retrasan en el caso Azud. Sea como sea, todo lleva a una ralentización del ritmo investigador justo en los coletazos finales de la legislatura de Pedro Sánchez.
Los casos se repiten y difícilmente se podrían calificar de colaboración con la Justicia. Y ocurre en infinidad de casos ligados a presunta corrupción del PSOE.
Caso subvenciones
Es el caso que investiga el riego de subvenciones por parte del Gobierno de Ximo Puig y otras administraciones a las empresas de sus hermanos. Allí, la Guardia Civil ha dejado constancia de un hecho llamativo en uno de sus últimos informes. La Benemérita ha reseñado que ha habido claras dificultades para acceder a la información de la red de empresas porque "alguna ha sufrido ataques informáticos", a otras "se les ha reiterado la solicitud de información al no haber contestado hasta el momento" y otras, directamente, figuran cerradas. Persiana echada y a buscar la información por otra vía. Traducido: unas por haber tenido "ataques" y otras sin ataques, lo cierto es que la entrega de la información es muy deficitaria por parte del entorno de los Puig.
El informe de la Guardia Civil, de hecho, señalaba que "las mercantiles […] que tienen su razón social en distintas localidades de diferentes provincias" hasta el momento no han remitido "la totalidad de las contestaciones". Y "esto es debido a diferentes motivos como son el tiempo transcurrido entre los hechos investigados, encontrándonos con sociedades que se han extinguido; otras mercantiles que no tienen acceso a los datos requeridos; alguna que ha sufrido ataques informáticos y van recuperando la información interesada con lentitud debido al enorme volumen comercial de esas sociedades y otras a las que se les ha reiterado la solicitud de información al no haber contestado hasta el momento".
Para colmo hay que recordar que el pasado 31 de marzo Ximo Puig cumplió su primer año de bloqueo oficial al envío de la información reclamada por la Justicia a él mismo relativa a las subvenciones dadas por su Gobierno a las sociedades de su hermano. Más de un año de incumplimiento de la exigencia de remitir los detalles de unas ayudas públicas valencianas que, sumadas a las entregadas por el Gobierno socialista de Aragón y la Generalidad catalana superan los dos millones de euros.
Caso Tito Berni
Y, en especial, la pata de este escándalo que se centra en la Fundación Internacional Iberoamericana, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Justo en plena investigación llego el "ataque cibernético". La propia entidad, algunos de cuyos contratos están siendo comprobados por su vinculación con la trama del diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, aseguró en su momento, tal y como ya publicó Libertad Digital, que "este ataque no ha afectado al funcionamiento operativo de la Fundación y se están restableciendo gradualmente todos los servicios". La pregunta es sí el atacante ha accedido a información clave y delicada o no. La propia Fundación divulgó el "ataque cibernético a parte de los servidores de la FIIAPP". La Fundación denunció "una intervención externa sobre parte de sus servidores". Y los archivos de esta entidad, dependiente por completo del Gobierno de Pedro Sánchez, pueden albergar información clave en la investigación del caso del Tito Berni.
Siguiendo con el caso Tito Berni. Pese a que se trata de un caso de evidente implicación económica, la UDEF, cuerpo creado con el objetivo de perseguir casos de corrupción y blanqueo de dinero, no está llevando el peso de la investigación en la Fundación Internacional Iberoamericana. El caso, según el Juzgado y la propia Fiscalía Europea, tal y como dejó constancia el organismo europeo en su respuesta al auto del Juzgado de Instrucción de Tenerife que lleva el caso Tito Berni o caso Mediador, tiene una importante pata de presunta corrupción en los contratos investigados de la Fundación Internacional Iberoamericana del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la Fiscalía Europea ha ratificado que los hechos descritos podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho, prevaricación, y tráfico de influencias. Pero, pese a ello, la investigación no cuenta con el liderazgo de la UDEF.
Caso Azud
La investigación no ha avanzado de forma considerable ante la dificultad para localizar la información financiera de todas las sociedades implicadas en la trama B de presunta corrupción que podría haber alimentado las finanzas del PSOE.