Fernando Grande-Marlaska se despide de esta legislatura con una sentencia en contra del TC por la destitución de Pérez de los Cobos, con el escándalo familiar de María Gámez -apartada de la Guardia Civil tras ser imputado su marido en una de las ramas de los ERE-, con informes inventados contra Cs, con espionajes de móviles sin aclarar, con una equiparación fake de los sueldos de policías y guardias civiles, y, además, con las prisiones convertidas en un auténtico locutorio: ha aumentado un 21% la incautación de teléfonos móviles en las cárceles españolas.
"En el año 2022 la incautación de teléfonos móviles en las prisiones españolas se ha incrementado en un 21% con un total de 2.733 terminales intervenidos", señalan los sindicatos de funcionarios de prisiones. "Esta cifra es la más alta registrada desde que aparecieron estos teléfonos, lo que supone un riesgo para la seguridad de los centros penitenciarios. Málaga, Madrid III (Valdemoro) y Albolote (Granada), son los centros penitenciarios con mayor número de confiscaciones", destaca ACAIP-UGT.
Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género, como subrayan los funcionarios. "Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera", añaden.
Desde ACAIP-UGT subrayan "el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos" y destacan que, "en muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse a los controles internos. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas, por lo que su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto por el control del mercado negro que se genera".
ACAIP-UGT añade que "los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico". "Podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada", añade. "Con 3.000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios".
La manera en la que estos terminales son introducidos son muy variadas, pero en los últimos años se ha detectado la utilización de drones para introducir smartphones de gran tamaño. "Esto supone una merma importante de la seguridad de los establecimientos penitenciarios, ya que la presencia de objetos prohibidos perjudica gravemente el normal funcionamiento de una prisión donde debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción", concluye ACAIP-UGT.