El exjefe de Investigación de los Mossos d'Esquadra, Antoni Rodríguez, ha declarado en el arranque del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la escolta de Puigdemont y ha dado detalles sobre la contratación de un sargento de la policía autonómica como cargo de confianza del departamento de Interior que en realidad se dedicaba, según la versión la Fiscalía, a dar cobertura a Puigdemont tras su fuga de España.
Al entonces consejero de Interior, Miquel Buch, de Junts per Catalunya, se le piden seis años de prisión y 27 de inhabilitación por haber contratado al escolta como cargo de confianza cuando en realidad su cometido era de escoltar al prófugo tanto en Bélgica como en sus desplazamientos por Europa. En cuanto al agente, Lluís Escolà, se le piden cuatro años y medio de prisión y 23 de inhabilitación.
Según el escrito del teniente fiscal Pedro Ariche, el sargento Lluís Escolà fue quien organizó la escapada de Puigdemont, una acción que el departamento de Asuntos Internos de la Policía Autonómica consideró que era una simple "falta disciplinaria" por no haber informado a sus jefes del operativo. Como "castigo", se le destinó a una comisaría de Martorell entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Sin embargo, no apareció por la comisaría ni un solo día ya que estaba ocupado en "prestar labores de custodio y seguridad para el ya entonces procesado en rebeldía Puigdemont".
A partir de julio de 2018, el entonces consejero Miquel Buch, decidió premiar al sargento Escolà con un cargo de asesor en el departamento de Interior, pero tampoco iba a trabajar en el despacho asignado sino que seguía con sus funciones de jefe de la escolta de Puigdemont en Waterloo a sabiendas del propio consejero, según la Fiscalía. En marzo de 2019, el sargento decidió dimitir como asesor de Buch. Según el escrito del fiscal, Escolà no estaba capacitado para el puesto de asesor, pero eso no fue obstáculo para su nombramiento. Durante el tiempo que estuvo en el cargo pasó la mitad del tiempo velando por la seguridad de Puigdemont.
Investigador purgado
Antoni Rodríguez, que fue cesado como jefe de Investigación de los Mossos por el actual consejero, el republicano Joan Ignasi Elena, ha corroborado la versión de la Fiscalía y ha dado detalles sobre las presiones recibidas por la cúpula de la policía autonómica para que se proporcionara escolta al huido Puigdemont. A tal efecto se habría nombrado a Escolà cargo de confianza en la consejería de Interior para que pudiera prestar servicio al dirigente golpista en su periplo europeo.
El intendente Antoni Rodríguez (purgado tras investigar en calidad de policía judicial casos como el de Buch y el de la expresidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental por trocear contratos para favorecer a un amigo) ha explicado que Escolà fue fichado como cargo de confianza en julio de 2018 y que estuvo en ese puesto hasta marzo de 2019. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la pasó fuera de España. También ha cuestionado los informes que a petición de Buch habría elaborado Escolà como cometido de su cargo de asesor. A favor de la defensa de los acusados, Rodríguez ha admitido que la contratación de Escolà siguió los cauces legales, aunque ha matizado que se realizó de una forma desacostumbradamente rápida.
Escenografía separatista
El juicio ha arrancado como es costumbre en el caso de los procesados independentistas de mayor rango. La nueva presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra, también de Junts, ha recibido en audiencia a Miquel Buch antes de personarse en el TSJC, donde ha sido arropado por la plana mayor de su partido y algunos dirigentes de ERC.
El juicio continuará mañana y pasado, viernes, cuando está previsto que declare como testigo de manera telemática el expresidente de la Generalidad prófugo a petición de la defensa de Escolà, que ejercen Gonzalo Boye e Isabel Esbal. La vista se reaunadará días después, el 13 y 14 de julio.