Nuevo aviso de la Comisión Europea sobre el Consejo General del Poder Judicial. En el informe del Estado de derecho de la UE en 2023, el organismo recoge una serie de recomendaciones sobre España que incluyen la petición de que se renueve el CGPJ y que se aborde "inmediatamente" después, el cambio en el sistema de elección de sus miembros, con el fin de que sean elegidos por los propios jueces.
En el capítulo dedicado a nuestro país, el organismo recomienda que España "proceda con la renovación del Consejo General del Poder Judicial "como un asunto prioritario" e, inmediatamente tras la renovación, comience con el proceso para adecuar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".
La petición llega por cuarto año consecutivo. En el informe, se subraya que el retraso en la renovación afecta "negativamente" a la labor del Tribunal Supremo y al sistema judicial en su conjunto. "La situación ha sido descrita por el Tribunal Supremo como insostenible, ya que socava la eficiencia de la justicia y tiene un impacto negativo en la duración de los procedimientos ante el Tribunal Supremo", señala el informe.
También hay un tirón de orejas sobre la independencia de la Fiscalía. Bruselas no percibe ningún progreso en el refuerzo del estatuto del Fiscal General del Estado, especialmente de cara a desvincular su mandato y el del Gobierno, ni en "los retos asociados a la duración de las investigaciones" para aumentar "la eficiencia en la gestión de casos de corrupción de alto nivel".
Silencio sobre la cesión separatista
"No se han tomado medidas para abordar la separación de mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno (...). En su informe de diciembre de 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa también señala que no se han tomado medidas para aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa de la Fiscalía", recalca la Comisión Europea.
En el análisis de las recomendaciones de 2022, Bruselas apunta a que el mayor progreso se ha dado en asegurar recursos suficientes para la autoridad nacional que regula los medios audiovisuales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aunque el informe también hace referencia a la reforma del Código Penal español y la rebaja de penas por malversación, no valora los cambios introducidos y sólo apunta a que "ha sido criticada por la sociedad civil".