Vox recoge sus propuestas en materia de seguridad en un epígrafe específico de su programa electoral, denominado "Seguridad y defensa", que durante 10 páginas desarrolla sus propuestas en esta materia, en las que asegura que quieren "unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bien dimensionadas con todos los recursos necesarios para defender nuestra soberanía y garantizar nuestra seguridad y libertad".
Proponen que el Gobierno central recupere de inmediato cualquier tipo de transferencias que se haya realizado a las comunidades autónomas en materia de Seguridad, Interior, Tráfico, Protección Civil y Vigilancia Marítima y que todos los cuerpos policiales dependen en última instancia del Ministerio del Interior, en lo que supone una centralización del mando de cuerpos como Policía Foral de Navarra, Mossos d´Esquadra y Ertzaintza.
El partido de Santiago Abascal apuesta por la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que integre "Defensa, Interior e Inteligencia" que permita "prevenir y evitar eficazmente cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España" y la creación de un marco legal para que los efectivos de las Fuerzas de Seguridad tengan el "amparo legal necesario para no padecer un calvario judicial derivado de actuaciones practicadas en el ejercicio de sus funciones".
Creará por un Mando Integrado de Gestión de las Fronteras que "salvaguardará la inviolabilidad del territorio nacional mediante la vigilancia, control e inspección de personas y mercancías extranjeras en el acceso a España por vía terrestre, marítima y aérea" y apuesta por desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera en apoyo de Policía Nacional y Guardia Civil, que son quienes realizan actualmente esas labores.
Vox propone una "dignificación del trabajo policial y aumento de las sanciones a la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones", al tiempo que incluyen en su programa electoral la "equiparación real" tanto en salario como a la hora de la jubilación entre los agentes de los cuerpos policiales estatales y los que forman parte de los autonómicos. También harán que la ayuda al exterior depende de la colaboración policial de los países en materia migratoria.
Exigirán "a los responsables de la religión islámica en España su colaboración para la detención de radicales"; abogan por el "fin de la impunidad y los machetazos en las calles"; y elaborarán "un nuevo Código Penal y Ley Penal del Menor elevarán las penas para los crímenes violentos perpetrados por bandas e individuos armados, así como para los delitos más graves (asesinatos, violaciones, pederastia, narcotráfico, sedición, terrorismo de carácter separatista e islamista)".
Por último, pondrá en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, "en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia"; y preservarán desde los poderes públicos la inocencia de los menores para "protegerlos frente a los riesgos presentes en los entornos digitales".