Hace unas horas, el presidente del Partido Popular y ganador de las elecciones el pasado 23-J, Alberto Núñez Feijóo, instaba a Pedro Sánchez a reunirse una vez terminado el recuento del voto CERA. En la carta enviada, Feijóo incidía en que había que dialogar y evitar un "bloqueo" que llevase a la "ingobernabilidad" de España.
Unas horas después, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, desdeñaba el ofrecimiento del ganador de las elecciones en una carta llena de reproches y críticas, y le anuncia que no se reunirá con él hasta que se constituyan las Cortes Generales y el Rey designe candidato a la investidura, como hará con el resto de "portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la cámara".
En un tono condescendiente, no exento de chulería, Pedro Sánchez le recuerda el funcionamiento del sistema parlamentario y le afea que haya llegado a acuerdos en comunidades autónomas y ayuntamientos en los que el PP no fue la lista más votada. Desde el primer párrafo le reprocha que fuese el PP el que rompió unilateralmente la comunicación para renovar el CGPJ.
Estimado Alberto:
Agradezco la oportunidad que me brinda su carta para retomar la comunicación entre nuestras fuerzas políticas, interrumpida de manera abrupta y unilateral con la ruptura del preacuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de especial relevancia en nuestro sistema institucional, que lleva pendiente más de cuatro años.
Aunque hoy dispongamos de medios más ágiles para la interlocución que el diálogo epistolar, como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español siempre he considerado esencial una comunicación fluida entre nuestras respectivas fuerzas políticas.
Como ya tuve ocasión de expresar el 29 de mayo al comunicar la convocatoria anticipada de elecciones, en los recientes comicios se precisaba una clarificación sobre el rumbo que debía tomar nuestro país: si proseguía por el camino del avance y la consolidación de derechos o respaldaba las propuestas de las fuerzas políticas que han enarbolado la bandera de la derogación de los avances y del retroceso. Cualquier consideración debe partir del pronunciamiento ciudadano expresado en el voto y es una evidencia que la propuesta derogatoria no ha obtenido el respaldo que reclamaba para llevar a cabo su propósito.
En cualquier caso, nuestro sistema democrático cuenta con reglas claras para la configuración del Gobierno de la nación. Estas reglas se ajustan a los principios de la democracia parlamentaria que fija en el ámbito del Congreso de los Diputados el espacio en que deberán articularse las mayorías que permitan la investidura del candidato o candidata que recabe los apoyos necesarios. Me permito recordarle que nuestra Constitución es diáfana al respecto y así lo estipula claramente en su artículo 99.
Estoy seguro de que comprende y comparte este principio básico de la democracia parlamentaria, porque ha venido siendo aplicado históricamente por su partido, de modo sistemático en todas las latitudes de España, cada vez que le ha permitido alcanzar la presidencia de gobiernos autonómicos y alcaldías pese a no ser la fuerza más votada, ni la que contaba con mayor número de escaños. Por si fuera poco, en fechas recientes, el principio de la mayoría parlamentaria ha vuelto a ser aplicado en la constitución de distintos gobiernos autonómicos en los que Partido Popular y VOX han unido fuerzas y votos atendiendo al criterio de la suma aritmética del número de escaños en los parlamentos autonómicos. Gobiernos que, por otro lado, están adoptando medidas que implican inquietantes retrocesos en materias tan importantes como el diálogo social, la igualdad, la diversidad o el medio ambiente.
Por último, aprovecho la ocasión para trasladarle que, tras la constitución formal del Congreso de los Diputados, el próximo 17 de agosto, y una vez designado el candidato propuesto por el Jefe del Estado, estaré encantado de reunirme con usted, así como con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara.