Un letrado recién llegado al Tribunal Constitucional elaboró en sólo un fin de semana el informe favorable al recurso del PSOE para recontar los votos nulos de Madrid en las pasadas elecciones generales del 23-J.
La mayoría izquierdista del Constitucional admitía a trámite este martes dicho recurso que permitiría investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont. La Sala Segunda del Constitucional compuesta por 4 magistrados izquierdistas y dos conservadores aceptaba por mayoría estudiar el recurso de amparo del PSOE que pretende recontar los 30.000 votos nulos y de esta forma, anular la proclamación del dirigente del PP, Carlos García Adanero, como diputado electo.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital aseguran que "la magistrada izquierdista ponente, Laura Díez, envió el lunes dos informes distintos al resto de magistrados de la Sala Segunda. El primero elaborado por la letrada Gema Díez Picazo era contrario a la admisión a trámite del recurso de los socialistas. El segundo informe fue diseñado a última hora por otro letrado, el abogado del Estado Fernando de la Peña Pita, con el que la magistrada Laura Díez trabajó en Moncloa cuando era directora de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ejecutivo de Sánchez".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el letrado Fernando de la Peña Pita tomó posesión de su cargo en el Constitucional el pasado viernes 1 de septiembre y a pesar de no tener ninguna experiencia en el Tribunal de Garantías remitió su informe favorable a la admisión a trámite del recurso del PSOE tras este fin de semana. Es decir, un letrado recién aterrizado elaboró un informe para el TC en sólo dos días, algo sorprendente y llamativo".
Durante la deliberación de este martes, la magistrada Laura Díez se apoyaba en el segundo informe exprés realizado por su letrado de confianza para defender y sacar adelante con los otros 3 magistrados izquierdistas de la Sala Segunda la admisión a trámite del recurso.
Esta decisión era argumentada por los 4 magistrados izquierdistas señalando que el recurso tiene especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica. Asimismo, consideraban que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales. El auto contaba con el voto en contra de los magistrados conservadores César Tolosa y Enrique Arnaldo, y este último formulará un voto particular.
Desde entonces, se ha abierto un trámite procesal en el que se da un plazo a las partes y el Ministerio Fiscal para que puedan presentar alegaciones. La Sala se reunirá la próxima semana para decidir sobre el fondo del recurso electoral.
"Con las molestias que se han tomado los magistrados izquierdistas para conseguir que el recurso electoral del PSOE sea admitido, lo más probable es que la Sala Segunda apruebe el recuento de los votos nulos. Una decisión que va a levantar un gran desconfianza en el sistema electoral de nuestro país", concluyen.
Cabe destacar que tanto la Junta Electoral Provincial de Madrid como la Junta Electoral Central y la Sala Tercera del Tribunal Supremo coincidieron en que la votación no presentaba indicios de irregularidad que hiciera necesario un nuevo recuento de los votos nulos.
El recurso del PSOE
El TC recibía el pasado 28 de agosto el recurso de los socialistas, que alegaron que la negativa del Supremo había vulnerado el derecho fundamental al sufragio pasivo al "realizar una interpretación restrictiva" de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), "respecto a la realización del escrutinio general y la posibilidad de la apertura de todos los votos nulos consignados". El PSOE señalaba que la sentencia del Supremo evitaba "como dice" una sentencia del TC de 2015 "conocer de la manera más exacta la verdadera voluntad de los electores manifestada en el proceso electoral".
Los socialistas reprochaban al Supremo que adoptara su decisión "en función únicamente del número de votos necesarios" y recordaban que el Constitucional ya aceptó en 2015 que se revisara el voto nulo en Badajoz, donde los votos necesarios para alterar la composición del Parlamento era de "unos 900" respecto a 7.118 votos nulos, frente a los 1.200 necesarios en Madrid respecto a unos 30.000 votos nulos.
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