El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios dentro de la Policía Nacional, ha denunciado este miércoles la falta de medios de protección que tienen los agentes del cuerpo para realizar su trabajo en el día a día, y más específicamente en momentos en los que el Ministerio del Interior refuerza los dispositivos de seguridad por el aumento de los niveles de alerta antiterrorista.
"Pese al incremento de estas medidas de alerta terrorista, miles de agentes de la Policía Nacional siguen sin tener un chaleco antibalas de dotación, el número de escudos y cascos balísticos a disposición de los agentes es claramente insuficiente, así como la cantidad de subfusiles a disposición de los policías", ha asegurado el portavoz del sindicato policial, Ibón Domínguez.
En el caso de los subfusiles, ha asegurado que "a pesar de haber recibido en los últimos meses 460 subfusiles Scorpion Evo 3 A1, la cantidad de este tipo de armas sigue siendo claramente insuficiente".
"Es incongruente y cínico el escrito enviado por el Ministerio del Interior en el que relata las medidas complementarias de seguridad, cuando ni siquiera es capaz de dotar a los agentes de la Policía Nacional de las medidas de protección y seguridad necesarias para poder desarrollar su trabajo de forma segura", ha añadido el portavoz policial, que ha pedido a Fernando Grande Marlaska que "deje de ponerse de perfil y de maquillar la realidad".
Domínguez ha recordado que "JUPOL ya ha presentado varias demandas contra la Dirección General de la Policía por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no dotarles de chaleco antibalas reglamentario" y ha evocado el cumplimiento del el Real Decreto 2/2006 de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios de la Policía Nacional.
Ha explicado que este decreto establece en su artículo número 3 que "los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y que la Administración del Estado adoptará las medidas necesarias orientadas a garantizar la seguridad y salud de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de las actividades profesionales, dentro de las peculiaridades que comporta la función policial".