Bruselas quiere en este momento –justo cuando Israel prepara la respuesta a los asesinatos en masa de Hamás a su pueblo– un esfuerzo redoblado en la "lucha contra la desinformación y la difusión de contenidos ilegales en el contexto de la Ley de Servicios Digitales y en tiempos de conflicto". El responsable de relanzar este impulso ha sido el comisario europeo Breton.
Thierry Breton, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, ha lanzado un mensaje reclamando un control público de la información. El comisario lo argumenta en base a la Ley de Servicios Digitales (DSA) y a la necesidad de estar "a la vanguardia de la lucha contra la desinformación y la difusión de contenido ilegal en línea".
Breton asegura que "en las últimas semanas, varios informes han puesto de relieve un aumento en la difusión de contenido ilegal en línea en varias plataformas". Entre esos informes, supuestamente, habría referencias a "los acontecimientos en Oriente Medio provocados por los ataques terroristas de Hamás en Israel". Porque "la difusión generalizada de contenido ilegal y desinformación relacionada con estos eventos conlleva un claro riesgo de estigmatizar a ciertas comunidades y desestabilizar nuestras estructuras democráticas, por no hablar de exponer a nuestros hijos a contenido violento", señala el comisario.
Las referencias de Breton no solo insisten en la mención de los "asesinatos de Hamás" en Israel, sino también de "los ataques terroristas perpetrados en Arras, Francia, y en Bruselas el lunes, un sombrío recordatorio de que la amenaza es real y está presente en nuestro suelo".
Para Bruselas, la DSA, es "una caja de herramientas completa que debemos aprovechar al máximo para lograr nuestro objetivo: garantizar que la seguridad en línea esté avalada y que los derechos fundamentales estén totalmente protegidos". Y la UE considera que son los Estados miembros los que ahora, en base a estos medios, deben "adaptar sus sistemas a sus nuevas obligaciones: sobre la transparencia, el respeto de la privacidad, la eliminación de contenidos y productos ilegales, la protección de menores y otros usuarios vulnerables, la lucha contra la desinformación, etc".
Pero ese mensaje en manos del Gobierno, como el de España que ha batido el récord de colonización de instituciones, puede abrir toda una plataforma de control político de los contenidos divulgados.
Breton apunta a "X, Meta, TikTok y Alphabet/YouTube para destacar ciertos riesgos asociados con el conflicto actual en Oriente Medio, y para pedirles que actúen con urgencia y diligencia".El comisario, de hecho, ha recordado que "en el caso de X, también enviamos una solicitud formal de información (RFI) para determinar mejor lo que se han comprometido a cumplir con la DSA". Y Bruselas pone como ejemplo "el riesgo de transmisiones en vivo de las ejecuciones de Hamás, un riesgo inminente del que debemos proteger a nuestros ciudadanos, y estamos buscando garantías de que las plataformas están bien preparadas para tales posibilidades".
Pero es muy probable que Pedro Sánchez piense en otras utilidades para la DSA.
Bruselas defiende que, "al señalar la responsabilidad de las plataformas, y sus directores ejecutivos, en la gestión (o la falta de gestión) del contenido ilegal distribuido en sus plataformas, estamos enviando una señal muy explícita: las cosas han cambiado en Europa. Hay una ley. Debe ser respetada". Y señala que "no depende de la DSA, ni de la Comisión, decir lo que es legal y lo que no, lo que es verdadero y lo que es falso: otras leyes se ocupan de estos problemas y deben ser aplicadas por los Estados miembros. Las autoridades y los tribunales nacionales desempeñan un papel clave en la denuncia de contenidos terroristas y otros contenidos ilegales".