Nuevo intento del Gobierno de hacer oficiales el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea en el marco de las exigencias del separatismo y a pesar del claro rechazo que tuvo el primer intento. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha llevado la petición al Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE. En esta ocasión, Albares ha defendido que la oficialidad del catalán y resto de lenguas españolas sea una excepción para evitar el efecto "contagio", uno de los motivos de las reticencias europeas.
En declaraciones a la prensa, Albares ha señalado que defiende "el hecho de que esta reforma se circunscribe exclusivamente a España por unas circunstancias y unas condiciones muy específicas que convierten las lenguas cooficiales españolas en un caso único".
Muy pronto, sin embargo, ha quedado claro que la respuesta de los socios iba a ser un nuevo "no". El ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Krisjani Karins, ha avisado a España de que no va a "dedicar tiempo" en discutir sobre el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallegocuando hay otros asuntos de primer orden que los Veintisiete deben abordar con urgencia.
"No creo que vayamos a ampliar el número de lenguas que se usan de forma oficial en la Unión Europea", ha zanjado el jefe de la diplomacia letona en declaraciones a su llegada a la reunión de ministros de la UE en Luxemburgo, al ser preguntado por la posición de su Gobierno sobre la petición española.
"No creo que ahora mismo sea el asunto número uno que necesitemos discutir, nuestro principal problema", ha continuado, para después avisar de que los Veintisiete tienen "sobre la mesa muchos asuntos geopolíticos" y sobre la "posición estratégica" que el bloque debe asumir en el futuro. "Eso es en lo que debemos dedicar nuestro tiempo y centrarnos ahora mismo", ha remachado.
Una vez en la reunión, su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, ha expuesto también su rechazo por el "impacto político" que tal medida pudiera tener en otros Estados miembros como los suyos, en donde hay una minoría que habla ruso, explican las fuentes consultadas por Europa Press.
Otra decena de países han tomado la palabra para indicar que están dispuestos a seguir discutiendo sobre la propuesta española, pero dejando claro que lo harán "sobre la base de un trabajo técnico más detallado". El debate apenas ha durado media hora mientras ha quedado de nuevo en evidencia la falta de respuesta de España sobre las dudas legales y financieras que sus socios exigen aclarar.
¿Quién paga? España
Los ministros ya trataron en septiembre la propuesta española para modificar el reglamento que afecta al uso de las lenguas pero no hubo apenas discusión ni se tomaron decisiones porque una gran mayoría de socios avisaron a España de que necesitaban información concreta sobre el coste de la medida y su encaje legal antes de analizar el fondo de la cuestión.
Albares, que no ha querido dar detalles ante la prensa de lo que implicaría ese trato diferenciado respecto al resto de lenguas regionales que plantea, también ha adelantado que "formalizará" la propuesta que ya expuso en el primer debate de la disposición de que el coste de la medida "corra íntegramente" a cargo de España, aunque tampoco ha ofrecido cifras estimadas de lo que ello implicaría.