PSOE y Sumar han hecho público este martes por la tarde su nuevo acuerdo político para tratar de reeditar el Gobierno de coalición que ha estado dirigiendo España durante los últimos años. El documento incluye una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza entre la izquierda y la extrema izquierda, una norma legal que ya trataron de cambiar la pasada legislatura en el Congreso de los Diputados y acabó en un sonoro fracaso.
En el documento hecho público, exactamente en la página 43, se recoge que "reformaremos, y derogaremos aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la Ley Mordaza y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas, que contemple la capacidad económica de los sancionados".
"Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes", añade el documento.
El intento de reforma de esta ley durante la pasada legislatura, en la que no sólo participaron de forma activa PSOE y Unidas Podemos, sino también otros partidos proclives a incendiar las calles como ERC o EH Bildu, obligó a movilizarse en la calle a los sindicatos policiales, a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, y a otras organizaciones representativas de las policías autonómicas y locales.
Es por ello que este nuevo acuerdo ya ha sido visto con preocupación por los sindicatos de la Policía Nacional. Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios en el Consejo de la Policía, ha mostrado este martes "su profundo malestar por reavivar una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana y de los juristas".
El secretario general de esta organización, Aarón Rivero, ha aseverado que con esta reforma "los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades" y ha asegurado que "sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes".
En esta línea, ha asegurado que la modificación de la ley "se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas de Seguridad, con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante perdida del principio de autoridad". Una situación que, ha añadido, "deriva en un incremento de las agresiones a policías, más de 12.000 el año pasado y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España".
La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido que si se vuelve a emprender una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "no se haga de espaldas a los policías y que en ese proceso, para el que reclamamos ser escuchados por el Ministerio del Interior, se tengan también en cuenta los derechos de los profesionales de la seguridad pública y sus garantías físicas y jurídicas frente a la cada vez mayor violencia en la calle contra ellos".
"La modificación de esa norma, que en CEP rechazamos porque es esencial para el ejercicio de los cometidos de los policías y para garantizar la convivencia ciudadana, no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país, para la que esa Ley sólo es buena si obedece a sus intereses", han expuesto desde el sindicato.
"Frente a ese concepto sectario del principio de legalidad, creemos que el consenso es fundamental para una reforma que debe proteger los derechos e intereses de todos. Y que, junto con el Código Penal, es una de las herramientas esenciales de un Estado de Derecho para proteger la seguridad en las calles frente a quienes pretenden alterar lo que el Tribunal Constitucional ha definido como la tranquilidad de los ciudadanos", han añadido.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido que si se vuelve a emprender una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "no se haga de espaldas a los policías y que en ese proceso, para el que reclamamos ser escuchados por el Ministerio del Interior, se tengan también en cuenta los derechos de los profesionales de la seguridad pública y sus garantías físicas y jurídicas frente a la cada vez mayor violencia en la calle contra ellos".
"La modificación de esa norma, que en CEP rechazamos porque es esencial para el ejercicio de los cometidos de los policías y para garantizar la convivencia ciudadana, no puede ni debe convertirse en la víctima de las obsesiones de determinado sector de la extrema izquierda política de este país, para la que esa Ley sólo es buena si obedece a sus intereses", han expuesto desde el sindicato.
"Frente a ese concepto sectario del principio de legalidad, creemos que el consenso es fundamental para una reforma que debe proteger los derechos e intereses de todos. Y que, junto con el Código Penal, es una de las herramientas esenciales de un Estado de Derecho para proteger la seguridad en las calles frente a quienes pretenden alterar lo que el Tribunal Constitucional ha definido como la tranquilidad de los ciudadanos", han añadido.