La negociación de la investidura del PSOE de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y las maniobras de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, han dejado herido de muerte el juicio para recuperar los millones de euros malversados durante el golpe del 1-O.
El inicio de la vista oral para enjuiciar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su promoción en el exterior tendría que iniciarse el próximo 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas. En dicha vista, serían juzgados como responsables una treintena de ex altos cargos catalanes, entre ellos el expresidente de la Generalidad fugado Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o Artur Mas. La Fiscalía rebajó su demanda inicial a los golpistas desde los 9 millones de euros a sólo 3,4 millones. Por su parte, Sociedad Civil Catalana, personada en la causa como acusación, reclama algo menos de 5 millones.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital afirman que "las defensas de los golpistas solicitarán previsiblemente la suspensión del juicio a la espera de conocer las condiciones de la investidura de Sánchez y la eventual Ley de amnistía. En este contexto, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento que preside la consejera propuesta por el PP, Elena Hernáez, deberá decidir si suspende la vista o no".
"En el caso de que la consejera Elena Hernáez no acepte la petición de suspensión, las defensas de los encausados recurrirán ante la Sala de Justicia del tribunal, en la que tienen mayoría los consejeros propuestos por el PSOE: Diego Íñiguez y Rosario García, frente a la consejera Rebeca Laliga propuesta por el PP. Por lo tanto, la mayoría de consejeros del PSOE impondrán su criterio y el juicio quedará suspendido al menos temporalmente, aunque no se descarta que esta decisión sea definitiva".
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "la decisión adoptada por la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, de retrasar el inicio del juicio sobre el 1-O con el pretexto de las diferentes elecciones que se han celebrado durante este año en España ha sido determinante".
Recordamos que en el caso concreto sobre el referéndum ilegal del 1-O que tendría que enjuiciar en el tribunal se responsabiliza a los citados Puigdemont, Junqueras y también a Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig o Neus Munté, entre otros. Por otro lado, en la causa sobre promoción exterior del golpe son 24 los acusados, de Artur Mas a Andreu Mas-Colell pasando por quienes ejercieron de "embajadores" y "diplomáticos" de la Generalidad. Ambos casos se enjuiciarían de forma conjunta en la misma vista.
El PP pactó con el PSOE para desactivar el Tribunal de Cuentas
Tal y como publicó este diario en noviembre de 2021, el Partido Popular que dirigía Pablo Casado "desactivó" el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación. Por ello, los populares aceleraron la negociación con el PSOE y Casado ofreció el 13 de octubre en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales.
Cabe destacar que el pacto alcanzado por socialistas y populares contempló la renovación de 10 de los 12 consejeros del tribunal. Concretamente, salieron los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubrió la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantuvieron fueron dos de las propuestas en su día por los socialistas: Enriqueta Chicano y Dolores Genaro. Por su parte, el que el fuera fiscal jefe del tribunal, Miguel Ángel Torres, pasó a desempeñar su labor como consejero del mismo.
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