Las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes están causando un profundo malestar en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Especialmente porque la propuesta de ley de amnistía, que dejará en balde el esfuerzo titánico que los agentes llevaron a cabo para mantener el orden constitucional y la seguridad en las calles de Cataluña, pero también por algunos puntos que puedan pactar los socialistas con ERC y Junts.
El secretario general de JUPOL, uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, Aarón Rivero, ha mantenido en las últimas horas que la consecución del pacto de investidura entre el PSOE y ERC supondría a medio plazo "la desaparición definitiva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cataluña, al quedarse estos cuerpos policiales sin funciones en la región y teniendo que poner a disposición de la Generalitat las dependencias policiales".
A su entender, el desarrollo del acuerdo ha reflejado "el odio acérrimo que se promulga desde los sectores independentistas y desde las instituciones catalanas a la Policía Nacional y de la falta de respeto del PSOE hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado" y ha añadido que "la Policía vuelve a ser menospreciada por el Gobierno de España y por las instituciones catalanas, que usan las Fuerzas de Seguridad como moneda de cambio para sus intereses políticos".
Rivero ha pedido al Gobierno que "recapacite y que no venda de nuevo a la Policías Nacional a cambio de un puñado de votos" y ha añadido que "hoy más que nunca es necesario que las instituciones defiendan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que protejan también sus centros de trabajo". En esta última línea, ha pedido que no se expropie la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, en la Vía Laietana, para entregárselas a la Generalidad.
"No hay ninguna razón ni funcional ni operativa para que se mueva a la Policía de Vía Laietana. En estas dependencias trabajan actualmente decenas de agentes y personal de la administración de la Policía Nacional, por lo que el traslado de estas dependencias a unas nuevas que reúnan las características necesarias sería muy complicado y supondría una merma de las condiciones laborales y operativas de la Policía Nacional en Barcelona", ha asegurado.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha recordado en las últimas horas que "ni todas las amnistías del mundo podrán proteger a los independentistas frente al ridículo que hicieron el 1-O. Ninguna norma podrá dignificar una astracanada que no logró sus objetivos (la independencia) y que generó una ruptura de la convivencia entre españoles por el deseo de unos pocos de imponer un proyecto político sorteando el principio de legalidad, retorciendo los mecanismos parlamentarios y provocando escenas de violencia y tensión en las calles".
"Desde CEP tenemos claro que el Estado de Derecho se mantiene en vigor, atento a cualquier intento de ruptura del marco de convivencia. El mensaje que todas las instituciones lanzamos a los independentistas catalanes no puede ser otro que el de firmeza democrática, aplicación del principio de legalidad y sometimiento a las decisiones de los jueces y fiscales, que en la Policía Nacional respetamos escrupulosamente en nuestro quehacer. Una amnistía, en definitiva, no protege a nadie frente a responsabilidades penales futuras", ha continuado.
Por último, han mostrado su apoyo a los agentes imputados en causas relacionadas con el 1-O: "Reiteramos nuestro apoyo a todos los policías investigados en procesos penales en Cataluña por las intervenciones del 1-O y reclamamos que nadie les convierta en moneda de cambio para legitimar o dignificar un acuerdo político ajeno a nuestras misiones constitucionales. Si alguien no delinquió fueron ellos, que defendieron la Constitución Española y el Estado de Derecho, cumpliendo órdenes de jueces y fiscales".
Manifestación policial en Barcelona
Precisamente, en defensa de los agentes que siguen encausados en Cataluña por su actuación en defensa de la democracia, se ha convocado una manifestación el próximo viernes 10 de noviembre en Barcelona, que ha sido organizada tanto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el otro sindicato mayoritario de la Policía Nacional, como por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
"Desde AUGC y SUP sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno. La Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta Comunidad Autónoma", han denunciado en un comunicado.
"Nos apedrearon el 1-O del 2017 y ahora nos apedrean institucionalmente. Denunciamos que, poniendo en riesgo nuestra propia integridad física, los policías y guardias civiles dimos cumplimiento a las órdenes gubernamentales dirigidas a restablecer el orden constitucional, y ahora vemos como desde el Gobierno central se trata de amnistiar a quienes quebrantaron el Estado de derecho para negociar y blanquear lo gravemente ocurrido aquel día y tratar de condenar judicialmente y humillar a policías y guardias civiles que actuaron con total seriedad y profesionalidad el 1-O", han añadido.