Cándido Conde-Pumpido padre defiende desde el Tribunal Constitucional una amnistía para que los aliados de Pedro Sánchez se libren de la aplicación de la ley y del Código Penal. Y Cándido Conde Pumpido hijo se libra, tras su detención, de la exigencia general del Consejo General del Poder Judicial de no "cuestionar la veracidad" de las denuncias por "violencia de género". El párrafo en cuestión que ha quedado como papel mojado tras la denuncia por violación grupal contra el hijo del presidente del Tribunal Constitucional es el punto número 6 de la Guía de Buenas Prácticas para la Toma de Declaración de Víctimas de Violencia de Género, un documento elaborado por el Grupo de expertos del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia doméstica y de género y que afirma sin matices que "la Administración de Justicia no puede recibir a las víctimas cuestionando, aplicando criterios apriorísticos o prejuicio de género, que sea verdad lo que está denunciando porque ello quedará a la valoración de la prueba por el juez de enjuiciamiento tras el juicio correspondiente".
La juez dejó en libertad de forma casi inmediata al hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Varela, al no dar crédito a la denuncia de la supuesta víctima de una agresión sexual. La juez, además, decidió dejarlo en libertad sin medidas cautelares, incluso la orden de alejamiento solicitada por la víctima. En el auto la juez indica que las "imágenes aportadas por Cándido Conde-Pumpido, obtenidas por las cámaras de seguridad de su domicilio, desvirtúan la versión dada por la víctima" de la supuesta agresión sexual.
Pero, según la guía del Poder Judicial de trato a la víctimas en las denuncias de violencia de género, esta capacidad de discutir la veracidad no debería haberse producido. De hecho, no se produce de forma generalizada.
La juez que lo decidió, además, fue directora general en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de la titular del Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, María Isabel Durántez Gil. Siempre estuvo muy vinculada a la práctica docente en materias jurídicas centradas en la violencia de género. Pertenece a la asociación judicial izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia. Fue nombrada directora general de Interior de la Junta de Galicia en el bipartido gallego que presidió Emilio Pérez Touriño entre 2005 y 2009. Y, ese último año, Durántez pasó al Gobierno de España de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que la eligió como directora general de Marina Mercante en el Ministerio de Fomento. Hay que recordar que el ahora presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, fue fiscal general del Estado también con el Gobierno de Zapatero.
Pues bien, la Policía Nacional detuvo el pasado viernes al hijo de Conde-Pumpido por presunta violación grupal tras la denuncia que una joven brasileña interpuso contra él y dos amigos —uno español y otro venezolano— por un delito agresión sexual. Conde-Pumpido Varela y sus dos amigos pasaron por los calabozos de Plaza de Castilla hasta que la titular del juzgado de instrucción 44 decidió sobre su situación personal. Según denunció la joven al equipo de la UFAM de Policía Nacional de Madrid los jóvenes la agredieron en manada sin consentimiento, una negativa que verbalizó en varias ocasiones.
"Maltrato institucional"
Y en estos casos la guía del Poder Judicial señala con claridad que "no se les debe cuestionar la veracidad de lo que cuentan". Se trata de una guía "aprobada por el Grupo de expertas y expertos en violencia doméstica y de género del CGPJ, en noviembre de 2018 y actualizada en marzo de 2022". Y el punto seis afirma que "la Administración de Justicia no puede recibir a las víctimas cuestionando, aplicando criterios apriorísticos o prejuicio de género, que sea verdad lo que está denunciando porque ello quedará a la valoración de la prueba por el juez de enjuiciamiento tras el juicio correspondiente y, con independencia de la resolución final que se dicte, el primer contacto con el sistema no puede conllevar un rechazo de los encargados de recibir a las víctimas cuestionando que sea cierto lo que está contando. Esto es maltrato institucional". Pese a ello, Conde-Pumpido hijo fue puesto en libertad de inmediato.
El punto tres de la misma guía señala que "no puede tratarse a las víctimas haciéndoles sentirse culpables de ser víctimas". Lo cierto es que en este caso, se ha filtrado de inmediato su supuesta condición de prostituta. "Las víctimas no pueden vivir en un síndrome de Estocolmo que les haga sentir culpables y "secuestradas" por la idea de que han hecho algo mal y hasta justificando el maltrato. El clima y situación en la que llegan al momento de denunciar ante la Policía o la Justicia les hace sentirse indefensas y propensas a que puedan recibir más daño si no se le da la atención debida y un buen trato institucional, porque, de lo contrario, las podemos condenar a no confiar más en el sistema y que se nieguen a declarar o hasta llegar a "proteger" al denunciado", señala ese documento de forma expresa.
El punto cuatro añade que "la víctima no puede entrar en un "peregrinaje judicial". No podemos consentir que enviemos a las víctimas de un punto judicial a otro "peregrinando" su declaración y poniéndole obstáculos en lugar de facilitarle lo que quiere, que no es otra cosa que protección y atención". Pese a ello, no se ha autorizado una orden de alejamiento contra el hijo del presidente del TC para garantizar la protección de la denunciante.
El punto cinco añade que "la ansiedad de las víctimas no puede incrementarse con más ansiedad con un maltrato institucional. Las víctimas llegan a la Policía y a la Justicia con una lógica ansiedad provocada por lo que han sufrido, por lo que se deben tomar medidas de buen trato y atención que les reduzca el nivel de ansiedad".
Y el punto once aclara que "la víctima no puede percibir tres situaciones concretas cuando "se abre a denunciar" como son:
a.- La insensibilidad del sistema legal.
b.- La indiferencia de los poderes públicos, sobre todo el judicial.
c.- La insolidaridad de la sociedad".
Todo ello, independientemente del análisis jurídico de la norma o de cada caso, es lo que defiende la guía del Poder Judicial y los partidos de izquierdas para todos los demás casos. Porque "debemos plantearnos cuál será la posición de la víctima ante el maltrato institucional; es decir, qué considera la víctima si comprueba que no es bien tratada, o, lo que es peor, que es maltratada por el sistema judicial".
Ahora, la denunciante, sin embargo, ha visto la liberación del hijo de Conde-Pumpido sin una sola medida cautelar. "Y esto no es otra cosa que considerará que si le hacemos creer que el sistema le responsabiliza a ella, o no la cree, o le trata mal, la víctima considerará que se está aminorando la responsabilidad del agresor, o que el sistema le acaba protegiendo a él, haciendo a la víctima responsable de que sea maltratada, lo que le provocará un mal mayor que el que tenía antes de acudir al sistema judicial", como añade la misma guía.