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La Ley de amnistía sobre el 1-O se ha retrasado porque faltaba "el visto bueno final" de Conde-Pumpido

Fuentes cercanas a la mesa negociadora consultadas por LD afirman que "la consigna dada es que el texto no puede correr ningún riesgo en el TC".

Fuentes cercanas a la mesa negociadora consultadas por LD afirman que "la consigna dada es que el texto no puede correr ningún riesgo en el TC".
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. | Tribunal Constitucional.

La Ley de amnistía sobre el 1-O que elabora el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo en la investidura de Junts y ERC se ha retrasado porque faltaba "el visto bueno final" del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

En el mes de septiembre, el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont exigía la aprobación de la Ley de amnistía antes de la votación de investidura. En octubre, Junts rebajó su exigencia a que dicha Ley se registrara en el Congreso antes de investir a Sánchez. A finales de ese mes, PSOE y ERC cerraban los últimos flecos sobre la Ley, anunciando que se presentaría en los días siguientes. Desde entonces, han pasado ya dos semanas y la amnistía no ha visto la luz, aunque podría ser una realidad en las próximas horas.

Fuentes cercanas a la mesa negociadora consultadas por Libertad Digital afirman que "el retraso en la presentación de la Ley de amnistía tiene nombres y apellidos, Cándido Conde-Pumpido Tourón. La consigna dada es que el texto no puede correr ningún riesgo en el Tribunal Constitucional y el único capaz de neutralizar cualquier problema que surja es el propio Conde-Pumpido. Cándido ha estado coordinando y supervisando todos los trabajos preparatorios".

"Mientras tanto, el presidente del TC está cerrando filas en el sector izquierdista del tribunal que tiene mayoría de 7 a 4 frente a los magistrados conservadores, para que cuando la Ley sea recurrida por el PP, sea avalada. Existe la posibilidad de que el magistrado izquierdista y exministro de Justicia del PSOE Juan Carlos Campo y el propio Conde-Pumpido tengan que abstenerse en la deliberación. Ante ese riesgo, el presidente del Tribunal de garantías quiere asegurarse de que el texto que se apruebe no suscite ninguna duda entre el resto de magistrados izquierdistas que deben votar a favor de su constitucionalidad", añaden.

Tal y como publicó LD hace un mes, Conde-Pumpido está colaborando en secreto en la elaboración de la Ley de amnistía con Ejecutivo de Sánchez a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El presidente del TC está desarrollando esta labor con absoluta discreción y de forma clandestina, sin mantener reuniones con ningún miembro del Gobierno, ni de la comisión negociadora. Esta Ley no será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin recibir el aval y el visto bueno definitivo de Conde-Pumpido, que es el jurista de referencia del PSOE, del Gobierno y del propio Pedro Sánchez. Y precisamente, éste es el motivo del retraso en la puesta de largo de la amnistía.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "tanto el partido de Puigdemont como el de Aragonés han aceptado el retraso porque saben que una vez que Conde-Pumpido dé el visto bueno final, la Ley pasará sin problemas el filtro del Constitucional. Aprobar una amnistía es inconstitucional de por sí y una barbaridad, pero el presidente del TC ha revisado el texto para que la Ley sea lo menos escandalosa posible cuando la avale el tribunal".

Recordamos que el propio Pedro Sánchez desataba la polémica hace una semanas al asegurar que los acuerdos que el PSOE alcance para conseguir su investidura "serán validados" por el Tribunal Constitucional con "plena normalidad democrática". Es decir, Sánchez anticipaba el veredicto del tribunal que preside Conde-Pumpido.

Las causas de abstención de Conde-Pumpido y Campo

Tal y como publicó este diario, Cándido Conde-Pumpido debe abstenerse en todas las causas que lleguen al Constitucional relacionadas con el 1-O, incluida la Ley de la amnistía. De hecho, decidió apartarse de los recursos sobre el golpe en abril de 2021 después de que LD desvelase una intervención en el Congreso en noviembre de 2017, en la que se refirió implícitamente a los delitos de sedición o malversación cometidos por los golpistas.

Por su parte, el magistrado Juan Carlos Campo, también tendría que abstenerse, ya que era el ministro de Justicia en el Ejecutivo de Sánchez cuando se concedieron los indultos a los golpistas". Además, el propio Campo se opuso en 2019 a que el Gobierno del que formaba parte se planteara conceder esta medida de gracia a los líderes golpistas al estar fuera de la Constitución. "La amnistía no cabe", aseguró entonces Campo.

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