La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado al exmarido de Lucía Garrido -Manuel Alonso- y a la persona que contrató para matarla -Ángel Veallo ‘Rana’- a 24 y 22 años de cárcel respectivamente. Al primero como "cooperador necesario, de un delito de asesinato con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco". Y al segundo como "autor material" del crimen, que perpetró el 30 de abril de 2008.
La sentencia, que llega una semana después del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, recoge como hecho probado que "el plan para matar a Lucía G. P.", que apareció degollada y flotando en la piscina a medio llenar de su casa en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, "fue urdiéndose desde finales de marzo de 2008, cuando se reunieron en Torremolinos varios sujetos que proyectaban la comisión de diversos delitos".
Entre ellos, se encontraba Ángel Veallo, "que entonces pertenecía a un grupo de delincuentes conocido como ‘Niños de Fuengirola’ y recibió a través de individuos desconocidos una oferta económica para matar a Lucia G. P.". Propuesta que -añade- "él aceptó". Manuel Alonso, reconoce, "supuestamente no acudió a esa reunión". "Pero propició o consintió la contratación de éste como sicario sabiendo que atentaría contra la vida" de la que fuese su mujer.
De hecho, en fechas posteriores, "mantuvo contactos con él, de forma directa o a través de terceros, que se tradujeron en la prestación de ayudas decisivas para la planificación, preparación y ejecución del crimen, sin las cuales el delito no habría podido cometerse". "Informó al sicario de las costumbres, movimientos y rutinas de Lucía y de su hija" y también "le facilitó una copia de la llave de la puerta peatonal existente en el cercado de la finca, proporcionándole así una vía de acceso discreta".
Cabe recordar que la finca Los Naranjos, donde vivía y fue asesinada la mujer, fue la residencia familiar hasta que la pareja se separó (dos años antes del crimen). El juez le otorgó a ella el uso de la casa, pero él logró que le concediera el derecho a acceder a las instalaciones de la propiedad que no fuesen vivienda, ya que allí desarrollaba su negocio. Por lo tanto, podía entrar y salir sin despertar sospechas. Y conocía perfectamente los hábitos de la víctima.
Por eso él pudo comprometerse a "neutralizar, llegado el momento, cualquier obstáculo que pudiera impedir o dificultar la entrada o la huida de los ejecutores" del asesinato. Según recoge el auto, "Manuel A. fue informado de que el crimen iba a cometerse entre el 28 y el 30 de abril de 2008 por uno o varios individuos que sorprenderían a Lucía" cuando ella estuviera "sola, desprevenida e indefensa".
Así que él "dio su aprobación al plan y, tal como había convenido, procedió a retirar los dos perros mastines que habitualmente dejaba sueltos dentro de la propiedad para evitar intrusiones y los mantuvo apartados o encerrados". Además, durante esos días, "abandonó su trabajo y se dedicó a realizar viajes inútiles, en el curso se los cuales se afanó en dejar
rastros de su paso por lugares alejados de Alhaurín de la Torre".
Manuel pensaba que "saldría airoso gracias a la amistad y relaciones de intereses que mantenía con varios agentes corruptos de la Guardia Civil y a la coartada que iba a fabricarse". Precisamente este lunes tenía que haber arrancado en la Audiencia de Málaga el juicio contra dos efectivos del cuerpo acusados de mentir sobre el análisis de muestras de ADN durante el primer juicio por el crimen de Lucía Garrido, celebrado en 2019. Pero la vista oral se ha suspendido.
Desaparecieron pruebas
Tuvieron que pasar once años hasta que se celebrase la primera vista oral y los cuatro acusados del asesinato de Lucía se sentaran en el banquillo. Un tiempo en el que pasaron hasta cinco jueces de instrucción por el caso, que sufría retrasos constantemente y por distintos motivos. Entre los más llamativos, la desaparición de pruebas y el asesinato de dos testigos.
La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó varias denuncias ante la sospecha de que se habían destruido pruebas fundamentales para la resolución del caso. Por ejemplo, los DVDs de conversaciones intervenidas a Manuel el día de los hechos y que desaparecieron en una supuesta inundación.
Llama la atención que otra inundación acabara con los registros de llamadas que presentó como prueba la acusación popular en otro caso relacionado con el exmarido de Lucía: la muerte en extrañas circunstancias de dos varones de nacionalidad colombiana un año después de su asesinato y en la misma finca.
Guardería de la droga
Manuel desarrollaba sus "actividades supuestamente ilícitas" en Los Naranjos. De ahí que Lucía fuera un estorbo. Tras su separación, no confiaba en ella. "Intentó desalojarla de la vivienda", pero no fue posible. Así que decidió matarla "para evitar que le denunciara". Era "testigo directo y presencial" de buena parte de lo que su exmarido hacía en al finca, que había convertido en "la guardería de la droga" de una organización criminal.
En ese contexto tienen lugar las mencionadas muertes extrañas de los ciudadanos colombianos. Supuestamente, estos irrumpieron en la propiedad y Manuel les disparó en defensa propia. Esa fue su versión y el juez instructor del caso le debió creer. El 21 de diciembre de 2009, decretó el archivo de la causa de acuerdo con el fiscal. Sin embargo, no es el único relato de los hechos.
Agentes corruptos
Asuntos Internos realizó una investigación por la presunta implicación de dos guardias civiles en el intento de robo de la droga que guardaba Manuel en la finca que había tras estas muertes. De ella, se desprendía que el exmarido de Lucía estaba apercibido del asalto y los esperó agazapados para acabar con ellos.
"Todo parece indicar que hubo determinado grado de implicación de los agentes Amador Pérez Luque y José Antonio Bandera Vázquez (del grupo de investigación del puesto de Coín) con respecto a la planificación para robar aquella droga de la finca Los Naranjos", concluye el informe.
Testigos asesinados
Aquel día, los dos guardias civiles habían cambiado y doblado sus turnos sin motivo que lo justificara. Y uno de los asaltantes, que pasó a ser testigo protegido, los situaba en un bar cercano al inmueble a la hora de los hechos. En el local, Luque y Bandera estaban -según dijo- con Alexander Jiménez Bonilla ‘el Ruki’, que era el líder de una banda conocida como ‘Los niños de Fuengirola’ y habría sido la persona que coordinó el plan.
El narco fue acribillado a tiros en su coche el 17 de septiembre de 2015, horas antes de prestar declaración ante los agentes de Asuntos Internos. De la misma manera fue asesinado también el testigo protegido, que fue cosido a balas el 18 de marzo de 2019 en Colombia, coincidiendo con el inicio del primer juicio por el crimen de Lucía Garrido.