La Mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, ha dado luz verde este martes a la proposición de Ley de Amnistía tras recibir el informe favorable del nuevo letrado mayor, que no ve elementos "evidentes y palmarios" de inconstitucionalidad. La tramitación será por la vía de urgencia, tal y como habían solicitado el PSOE y sus socios, por lo que todos los plazos se reducirán a la mitad.
Fernando Galindo Elola-Olaso, 40 años, fue elegido por la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para desempeñar este nuevo cargo. Por primera vez, este nombramiento no se producía por unanimidad, sino con el voto en contra del PP. Y es que Galindo había sido hasta ese preciso instante subsecretario en el gabinete de la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
De un cargo en el Gobierno, al puesto más determinante en los servicios jurídicos de la Cámara Baja, movimiento de puertas giratorias que recordó a muchos al realizado con Dolores Delgado, cuando pasó directamente de ministra a fiscal general del Estado. Precisamente este martes el Tribunal Supremo ha asestado un durísimo golpe a ella y a su sucesor, Álvaro García Ortiz, por designar a Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, apreciando "desviación de poder" en este nombramiento.
La nueva responsabilidad de Galindo obligó al cese, a petición propia, de Mercedes Cabrera, su pareja, que ejercía hasta entonces de directora general de Relaciones con las Cortes. Su función era incompatible con la nueva misión de Galindo.
Pero la vinculación con el PSOE del nuevo letrado mayor del Congreso va mucho más allá de su último cargo gubernamental. Fue vocal vecino del grupo municipal socialista en la Junta de Chamartín cuando Pedro Sánchez era concejal. El presidente del Gobierno fue edil en el Consistorio capitalino entre 2004 y 2009 y allí coincidió con Galindo, que no cesó hasta ser nombrado letrado del Congreso en julio de 2010.
La vinculación de Sánchez con Galindo se extiende más allá de la política. Y es que su padre, otro Fernando Galindo, fue presidente del Estudiantes entre 2014 y 2022, club de baloncesto donde jugó el propio presidente del Gobierno cuando era adolescente.
Galindo fue también asesor jurídico de la Junta Electoral Central entre 2010 y 2011, asesor jurídico de la Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria entre 2011 y 2014, director de Relaciones Internacionales entre 2014 y 2019, director de Comisiones entre 2019 y 2021 y director en funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales entre 2020 y 2021. En estos nombramientos como director de área - al contrario de lo que sucedió a principios de mes, cuando los populares rechazaron su nombramiento como letrado mayor- contó con el voto unánime de todos los grupos de la Mesa.
El salto al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo dio a mediados de 2021, cuando fue nombrado director general de Cooperación Autonómica y Local, en el Ministerio de Política Territorial. Este año fue nombrado subsecretario en el gabinete de la ministra Rodríguez. En estos dos puestos conoció a la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando ella era aún presidenta del gobierno balear.
Un letrado de las Cortes critica el informe de Galindo
Este mismo martes el letrado de las Cortes Manuel Fernández-Fontecha ha salido a criticar el informe de Galindo, subrayando que "no hay inconstitucionalidad pequeña, grave o menos grave".
Según la Secretaría General, que ocupa el letrado Fernando Galindo, puede haber "posibles motivos de inconstitucionalidad" en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero no existe una contradicción tan "palmaria" con la Constitución como para que la Mesa del Congreso impida su tramitación. Así lo indicó en su informe -no vinculante- preparado para que el órgano de gobierno de la Cámara Baja tome una decisión sobre la calificación del texto.
Fernández-Fontecha no está de acuerdo con la teoría de lo palmario, porque "en el Derecho Constitucional no hay inconstitucionalidad pequeña, grave o menos grave". "Si hay una inconstitucionalidad es porque hay una contradicción con la Constitución u otra norma", ha indicado este martes el letrado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, señalando que la contradicción puede ser con el texto o por invadir materia reservada.
A su entender, la teoría de lo palmario es más bien del ámbito administrativo. "Lo que se hace con la asunción de lo palmario o no palmario es aplazar el debate. Lo palmario en materia de inconstitucionalidad tiene muchísimos problemas. El informe se apoya mucho en ese concepto", ha sostenido.
También ha indicado que el informe de la Secretaría General del Congreso no se debate con los demás letrados, sino que se elabora sin una consulta o revisión previa.
Fernández-Fontecha ha afirmado que la propuesta de amnistía "crea dos clases de ciudadanos" y "discrimina por motivos ideológicos". "La propia ley aprueba una clasificación en el sentido de dividir a los ciudadanos en función de la adhesión o no a un sistema o a unas ideas políticas. Es el problema real de la amnistía", ha planteado.
A su juicio, la medida de gracia pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes se contradice con el artículo 9 de la Constitución, que determina que los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.