Ha sorprendido absolutamente a nadie la decisión de nuevo letrado mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo, de dar su aprobación a la nueva Ley de Amnistía propuesta por el PSOE. El argumento para soslayar el precedente de la negativa a tramitar la anterior propuesta de los golpistas catalanes es que entonces estábamos ante un "indulto general", explícitamente prohibido en la Constitución, mientras que la nueva propuesta no lo es, por el motivo que todos sabemos: los cojonazos del PSOE están por encima de la ley, la Constitución y los precedentes.
El nombramiento de Galindo, que dejó el Gobierno del PSOE para convertir su cargo en otro rama más del Ejecutivo, se hizo precisamente para este momento, para asegurarse de que buscaría las excusas necesarias para tomar la decisión que ha tomado. Si tuviera algún prestigio, lo habría quemado como quemó el suyo José Luis Escrivá cuando aceptó proponer como ministro las mismas cosas que criticaba la Airef cuando la presidía. Pero el problema no es el inexistente prestigio de quien no deja de ser una persona de partido, sino el prestigio de la institución que representa y el precedente que supone que otra institución más haya dejado de ser neutral para estar al servicio del Gobierno.
Muchas veces se acusa a PSOE y PP de ser lo mismo bajo esa vieja falacia de magnificar las similitudes y rebajar las diferencias. Y una de ellas habla precisamente de la deriva institucional que ha sufrido la democracia española hacia el sectarismo. Ambos partidos han colocado a sus afines en cargos de responsabilidad que deberían ser ocupados por personas independiente, sí, pero desde los tiempos de Calviño padre al frente de RTVE o de la violación del felipismo del modo de elección del CGPJ marcado en la Constitución, la derecha se ha limitado a poner a gente de partido a cargo de instituciones cuya independencia había destruido previamente el PSOE. ¿Y cómo podía hacer otra cosa? Una vez roto el tabú, existe la total certeza de que esa máquina de poder que es el partido socialista ya va a nombrar a gente de total confianza sectaria, así que la única opción razonable para el PP pasa por aceptar las nuevas reglas del juego para no quedar como tontos. Y aún así lo siguen haciendo, porque no son pocas las ocasiones en que los supuestos hombres de partido han terminado apoyando las posturas de la izquierda, como dejó claro el TC con su inacción con la ley del aborto hasta que Conde-Pumpido tuvo mayoría en la institución.
Las democracias liberales necesitan de espacios neutrales en las instituciones, especialmente en la Justicia, pero no sólo. Cuando el mismo Cándido Conde-Pumpido que alardeó de "manchar su toga con el polvo del camino" se encarga de decidir qué es constitucional, o cuando se coloca a una sectaria como Enriqueta Chicano al frente del Tribunal de Cuentas, se destruye la confianza en el único de los tres poderes que no puede dejarse arrastrar por las peleas políticas y cuya sumisión a los otros dos, que ya de por sí están en España demasiado mezclados, convierte nuestra democracia en algo demasiado parecido a un régimen autocrático.
Ha querido la fortuna que en esta ocasión le haya tocado ejercer de enterrador de la división de poderes a alguien con el mismo nombre que el personaje encarnado por José Luis López Vázquez en la hilarante e inolvidable Atraco a las tres, de la que ha quedado para el recuerdo la inolvidable frase "Un amigo, un admirador, un esclavo, un siervo" al paso de una despampanante Katia Loritz. Eso es lo que quiere el PSOE que murmuren todas las instituciones a su paso. Este lunes, aniversario de la muerte del dictador, ha sumado una más.