La economía de mercado no es un juego de suma cero. En ella el pastel no es algo dado, estable y estático, que se reparte. El mercado se caracteriza por el hecho de que los intercambios son voluntarios, de modo que todos los que participan lo hacen porque salen ganando. El vendedor valora más el dinero, el comprador más el producto. Ambos ganan, la suma no es cero. El pastel crece. Todos somos más ricos, pero especialmente aquellos que más lo hacen crecer. Pero no toda la economía es economía de mercado ni siquiera en los países más libres del mundo. Son sistemas mixtos, donde hay una parte de mercado, regulada de forma que algunos intercambios no se puedan hacer, y otra parte de sistema público. Y allí donde hay coacción estatal de por medio, claro que puede haber suma cero o incluso suma negativa.
Eso explica la reciente guerra que se está larvando, aun algo soterrada pero cada vez más explícita, entre jóvenes y mayores a cuenta de las pensiones. Porque el sistema público de reparto puede ser muchas cosas, pero lo que nadie puede argumentar con seriedad es que sea parte de la economía de mercado. Las pensiones se pagan con impuestos, antes solo con impuestos finalistas al trabajo llamados cotizaciones sociales, ahora también a cargo de otros impuestos. Es la definición de diccionario de distribución de riqueza impuesta coactivamente por el Estado. En este caso, de los trabajadores a los pensionistas. Aquí sí que hay suma cero: lo que se les quita a unos lo ganan otros. Como en el IMV o en muchos otros programas estatales. Y la parte que siente que está siendo perjudicada en este juego de suma cero se siente lógicamente estafada. Lo malo es que muchos dirigen su ira no contra quien la merece, que es quien creó el sistema y lo sigue manteniendo todo lo que puede, sino contra los pensionistas, que individualmente no pueden hacer absolutamente nada en contra o a favor del sistema.
Desde hace décadas, los liberales llevamos advirtiendo de que dada la demografía el actual sistema de reparto iba camino de ser insostenible y que mejor reformarlo antes de que lo fuera. Nadie nos hizo ni caso cuando una reforma hubiera sido relativamente indolora. Si ahora se habla más de las pensiones y se exige una reforma es porque la situación se ha podrido lo suficiente como para que hasta tibios socialdemócratas como Estefanía Molina den la voz de alarma en tribunas como la cadena SER y otros medios de rancio abolengo progresista.
Esa reforma siempre va a ser larga y dura precisamente porque nadie, salvo quizá algún anarcocapitalista pirado, pretende quitarle las pensiones a quienes las cobra ahora. Sea cual sea el sistema de pensiones sostenible que diseñen los políticos, para llegar hasta él hará falta una transición que durará décadas para que esa píldora que nos dan pase mejor. Un proceso que podría haber sido mucho más rápido y barato si nos hubieran hecho caso hace un par de décadas.
Según transcurran los años, los nuevos jubilados dejarán de estar al 100% en el sistema de reparto y empezarán a estar con un pie decreciente en el actual sistema y uno creciente en el nuevo. Del mismo modo, dependiendo de nuestro año de nacimiento y de cuándo está previsto que nos jubilemos, quienes trabajamos dejaremos de aportar todas nuestras cotizaciones al sistema actual para que un porcentaje creciente vaya al nuevo.
¿Y cómo será ese sistema final? Pues eso depende de a quién preguntes. El añorado Jon González proponía mantener en su mayor parte el sistema de reparto, pero mediante un sistema de cuentas nocionales en el que las pensiones se ajusten dependiendo de la recaudación para que no haya déficit y los propios pensionistas tengan interés en la buena marcha de la economía, porque de su crecimiento depende el de su pensión. A esto lo acompañaría un plan de pensiones de capitalización con aportaciones de trabajadores y empresas. Otros abogan por directamente ir a un plan de capitalización puro y duro. Es una elección importante, pero lo más importante es tomar una decisión lo antes posible. Porque una transición de este tipo requiere sacrificios tanto de trabajadores como de pensionistas, y cuanto más tardemos en hacerla mayores serán y mayor será la culpa no de los pensionistas, sino de quienes son realmente culpables de haber llegado a esta situación: los políticos que, instalados en la demagogia, prefieren quedar bien a resolver problemas.