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El hombre de Marlaska advierte a la Guardia Civil del golpe que prepara: "No vengo a escuchar, vengo a dar órdenes"

Las exigencias de Bildu, Junts y ERC van a marcar el rumbo del Gobierno.

Las exigencias de Bildu, Junts y ERC van a marcar el rumbo del Gobierno.
Fernando Grande Marlaska. | Archivo

Tiempos duros para la Guardia Civil. Como publicó Libertad Digital, en pleno choque entre las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y el Gobierno de Sánchez por las acusaciones lanzadas contra los jueces por un supuesto lawfare y la ley de amnistía, el ministro Grande-Marlaska envió este martes a su director general del Cuerpo, Leonardo Marcos, a una reunión con los representantes de los guardias. Las asociaciones sabían perfectamente qué podían esperar de esa reunión: un intento de silenciarlos. Pero la cosa fue más allá de lo esperado. El director general dejó claro que hará cambios en la Guardia Civil y anticipó el clima de la nueva legislatura: "No vengo a escuchar, vengo a dar órdenes".

El cambio de las normas internas de la Guardia Civil ha comenzado. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pretende dar la vuelta al cuerpo y el ambiente de posible diálogo con las asociaciones de los guardias es nulo.

Las organizaciones de guardias "hemos recriminado al director que no haya convocado el Pleno Extraordinario que habían solicitado en unidad de acción las asociaciones profesionales para abordar el funcionamiento del Consejo y el derecho de representación de los guardias civiles", señalan desde JUCIL. "Las asociaciones profesionales queremos convertir el derecho de asociación en una herramienta eficaz que permita la consecución de mejoras en las condiciones profesionales, sociales y económicas y modernizar la carrera profesional de todo el personal de la Guardia Civil y Leonardo Marcos únicamente se ha comprometido a mantener un dialogo abierto y fluido con las asociaciones", eso sí, tras afirmar que "no viene a escuchar sino a dar órdenes", denuncian desde JUCIL.

La historia de fondo es fácil de resumir. El día 16 de noviembre es investido Pedro Sánchez gracias a los pactos con los separatistas cosechados unas semanas antes. Eso ocurrió tan sólo dos días después –martes 14 de noviembre– de que las asociaciones de la Guardia Civil recibieran dos de los graves avisos que han tenido que masticar estos días. El primero fue la comunicación del expediente de suspensión de empleo y sueldo de tres meses para Agustín Leal, el portavoz de la asociación profesional mayoritaria que osó citar en público el decálogo que jura la Guardia Civil para explicar los motivos de la oposición de los agentes a la amnistía de Sánchez y su asunción del lawfare. Otros dos miembros de APROGC fueron también expedientados. El segundo de los jaques fue menos visible, pero igual de profundo: ese mismo martes se citó a las asociaciones profesionales en la Dirección de la Guardia Civil con motivo de la primera reunión del "Grupo de trabajo sobre Elaboración Normativa". Y allí, "por parte de la Administración se presentó el proyecto de Orden General para la elaboración normativa interna del Cuerpo". Todo un cambio en las reglas internas de elaboración normativa para dar más poder al Gobierno. Sánchez se preparaba ya para dar la vuelta a la Guardia Civil.

Y dicho y hecho. En esa reunión no se ocultó que se pretendía "derogar la anterior orden que data del año 1989 y que, tras la aprobación de las diversas normas legislativas del ámbito administrativo, ha quedado abrogada". Desde la asociación JUCIL recuerdan que, "como viene siendo habitual por la DGGC (Dirección General de la Guardia Civil), no se remitió con anterioridad el proyecto normativo, aludiendo la Administración que prefería darse a conocer en la primera reunión el motivo de la nueva orden general para que, posteriormente, las asociaciones profesionales pudieran realizar sus observaciones".

Las actas de JUCIL destacan que, "en síntesis, la norma viene a regular la forma de llevar a cabo la producción normativa en el seno de la Guardia Civil, tildándola de norma meramente procesal y de tramitación" y "desechando inicialmente que tenga que pasar por el Pleno del Consejo para su aprobación". Traducido: más poder para el Gobierno, menos para las asociaciones de los guardias civiles.

La relación de este Gobierno con la Guardia Civil nunca ha sido buena. Especialmente, tras el ataque –sentenciado ya como ilegal– perpetrado por el ministro Fernando Grande-Marlaska al coronel Pérez de los Cobos y las continuas reducciones de peso y presencia implantadas por el Ejecutivo en el cuerpo de la Benemérita. Pero ahora la sensación es de toda una ofensiva para alterar las reglas internas del cuerpo aprovechando el inicio de una nueva legislatura donde las exigencias de Bildu, Junts y ERC van a marcar el rumbo del Gobierno.

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