Las agresiones a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a los agentes de policías locales y autonómicos, no han parado de aumentar desde el final de la crisis sanitaria del coronavirus. Un hecho que va en consonancia con la del resto de delitos, que están en una escalada a la que no se le ve final, según los datos hechos públicos en el último balance de criminalidad del Ministerio del Interior.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, lleva ya varios meses exigiendo al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska que tome "medidas urgentes" para tratar de frenar las agresiones a los agentes. Una petición que han vuelto a cursar este lunes tras conocerse que el número de agresiones a policías supera ya las 1.400 mensuales.
"El desvalimiento e indefensión que sufrimos los policías en nuestras intervenciones es cada vez más acusado, es por ello que venimos demandando tanto medios técnicos como las pistolas táser, como las ansiadas cámaras corporales, dispositivos de grabación unipersonal (DGU) ó bodycam que tan necesarias son para su seguridad jurídica y el efecto disuasorio que éstas provocan al ser una prueba inatacable", han expresado.
"Demandamos en el día de hoy una actuación inmediata por parte de nuestro ministro del Interior para dotar a todas las unidades policiales que se la juegan día a día en la primera línea de combate frente al delito. Nuestros compañeros no pueden seguir actuando únicamente con la buena voluntad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía, pero desprovistos de medios que puedan proteger a los que protegen", añaden desde el SUP.