Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han solicitado al presidente suplente del Gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, que en el orden del día del próximo Pleno ordinario del 21 de diciembre se aborde la "legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los Jueces".
Es decir, estos vocales del CGPJ pretenden que se estudie la legalidad de la caza de brujas parlamentaria contra jueces acusados por supuesto ‘lawfare’, que están promoviendo los partidos independentistas catalanes que han apoyado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Según el escrito de estos 9 vocales del CGPJ, "de conformidad con lo establecido en el art. 598.1ª de la LOPJ los vocales firmantes proponemos al presidente del CGPJ la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno ordinario previsto para el día 21 de diciembre de 2023 del siguiente punto: Examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado: legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los Jueces".
"El continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los Jueces y Magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones Parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho", concluye.
Los vocales firmantes son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, José María Macías y Wenceslao Olea.
Este jueves, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, condenaba los ataques sufridos por parte de los jueces en las últimas fechas a través de la siguiente declaración oficial:
El señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes.
Las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia.
Todo ello, después de que la diputada de Junts en la Cámara baja, Miriam Nogueras, llamase el día anterior "indecentes" al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes, Pablo Llarena o Carmen Lamela. Asimismo, ayer en el Senado el representante de Junts, Josep Lluís Cleries, acusó a los togados de emprender una "batalla política" para "intentar torpedear" la ley de amnistía.
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