Sancionar a las empresas de Cataluña que cambiaron su sede social como consecuencia del golpe de Estado independentista de octubre de 2017. Esa es la nueva exigencia del partido del prófugo Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat) para que sus siete diputados en el Congreso voten a favor de los tres Reales Decretos-ley que el Gobierno presenta en el pleno extraordinario de este miércoles. Y eso, además de cambios en profundidad en el decreto relativo a la modernización de la justicia, en el que Junts aprecia puntos que dificultarían la entrada en vigor de forma plena de la ley de amnistía.
Las multas a las compañías que se marcharon de Cataluña es una exigencia inscrita en el pacto de investidura firmado por el socialista Santos Cerdán y el separatista Jordi Turull en Bruselas el pasado 9 de noviembre. Y Junts quiere que el Gobierno dé un paso al frente y proceda a la reforma de la ley de Sociedades de Capital a fin de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que se quedaron y a las que decidan volver, pero también para castigar con sanciones a las que se mantengan fuera de la región.
De entrada, el Gobierno considera que tal petición de los posconvergentes, anunciada este martes por La Vanguardia, es imposible de aceptar, al igual que la modificación del punto en el que se asume que una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendría efectos suspensivos sobre su aplicación aunque estuviera publicada en el BOE.
Más condiciones
Hay más peticiones, como rebajas en el IVA de productos como el aceite o que se mantengan las medidas para abaratar la electricidad y el gas, pero el meollo de los contactos entre socialistas y separatistas se centra en la amnistía y en las sanciones a las compañías que se marcharon de Cataluña ante la inestabilidad jurídica e institucional que provocó el referéndum ilegal y la proclamación de la república catalana.
Una parte del Gobierno, la encabezada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, considera que Junts acabará pasando por el aro y que el anuncio de votar en contra de los primeros decretos de la legislatura responde al objetivo de acentuar la importancia de los siete diputados de Junts. En el partido de Puigdemont, sin embargo, están decididos a llevar el pulso hasta el final y se mantiene imperturbables en su exigencia de que el Gobierno retire los tres decretos (alusivos a justicia, medidas anti-crisis y desempleo) y los negocie por separado y uno a uno.