La Guardia Civil ha resuelto el caso de un anciano de 90 años desaparecido el pasado mes de septiembre en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada. Los agentes hallaron su cadáver en un bidón (en concreto, una caja de madera) cubierto de cal que había en el interior del vehículo de su cuidador y presunto asesino, unos días después de que se le perdiera el rastro. El hombre, que fue arrestado inmediatamente, intentaba ocultar el cuerpo en una finca de la zona -en ese momento- para intentar eludir la acción de la justicia.
Dadas la circunstancias, se vio obligado a reconocer los hechos. Según explicó a los agentes, el día de autos regresaban juntos del hospital cuando discutieron y él estranguló al hombre de avanzada edad con el cinturón de seguridad del coche. Su mujer -por su parte- intentó exculparlo. Aseguró que el anciano murió en el mes de julio de forma natural durante un trayecto y que su marido ocultó el cadáver en el trastero de un piso que tienen en San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
Las múltiples contradicciones entre las versiones que ambos ofrecieron a los agentes encargados del caso pusieron a la mujer, que finalmente ha sido detenida, también bajo sospecha. "Los agentes han podido constatar que participó como cómplice del autor material del homicidio al haberle ayudado a ocultar el cadáver", ha informado la Guardia Civil. El objetivo: apropiarse del patrimonio del anciano. Hasta el momento habrían logrado hacerse con alrededor de medio millón de euros.
El botín: 500.000 euros
Así se desprende de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores durante estos meses, en el marco de la operación ‘Dolomía’. Durante el registro efectuado en el mencionado domicilio de la pareja en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, la Guardia Civil intervino más 60.000 euros en efectivo.
Después descubrieron que los arrestados habían estado retirando dinero -en cajeros automáticos- de las cuentas bancarias de la víctima "una vez había fallecido", aprovechando que tenían acceso "a todas las cuentas y tarjetas bancarias" del anciano y que éste "carecía de vínculos familiares y afectivos con otras personas".
La intención era "apropiarse de todo su patrimonio". Los agentes calculan que, entre el dinero en efectivo y los bienes, habrían llegado a conseguir unos 500.000 euros. Cuando el fallecido aún vivía, adquirieron dos vehículos con su dinero y le convencieron para poner a su nombre un inmueble de su propiedad.