Las declaraciones de Teresa Ribera sumándose a las acusaciones de lawfare al señalar al juez Manuel García Castellón por su investigación a Carles Puigdemont han despertado indignación entre los jueces.
Ribera sorprendió esta mañana al asegurar respecto al juez que tenía una "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles". "Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", señaló la ministra. Moncloa trató luego de matizar sus palabras mientras la oposición cargó contra unas declaraciones propias, en palabras de Isabel Díaz Ayuso, de una "república bananera".
La Comisión Permanente del CGPJ, formada por siete vocales conservadores e izquierdistas, ha reaccionado aprobando por unanimidad una declaración institucional muy crítica con las declaraciones de la ministra Ribera, "desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión".
La Comisión señala que "es imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho". Por ello, considera que "estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia".
"Sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho", señalan. Afirman, además, que las "manifestaciones" de Ribera "en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".
"Como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial", señala en una declaración de especial importancia por la unanimidad lograda, y que llega después de que el sector conservador reclamara una reunión extraordinaria.
Cabe recordar que el año pasado el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 pidió amparo al CGPJ a raíz de unas declaraciones del ex 'número dos' de Justicia Antonio Tontxu Rodríguez, que le acusó de querer influir en las negociaciones de la amnistía por dirigir la investigación contra Puigdemont. Posteriormente, García Castellón amplío su petición de amparo por unas declaraciones del diputado de ERC Gabriel Rufián en el Congreso. De momento, el juez no ha ampliado su solicitud para incluir las palabras de Ribera.
El malestar se extiende a la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas a Europa Press. Por otra parte, las principales asociaciones de jueces han lamentado estas declaraciones.
La APM, mayoritaria de la carrera judicial, ha sostenido que "no es de recibo" en un Estado de Derecho que un miembro del Ejecutivo "acuse veladamente a un juez de prevaricar". Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al Gobierno que respete la labor de los jueces, y han recordado que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces, como ha insinuado Ribera.