"Fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros" eran el principal objetivo de la trama de tráfico de cadáveres que ha sido desarticulada en Valencia. "Así se aseguraban de que no se hiciera ningún seguimiento", según ha informado Policía Nacional, de las donaciones de los cuerpos que supuestamente realizaban las víctimas en vida y que utilizaban para desarrollar su actividad criminal con total impunidad.
Los investigados habían montado un suculento negocio, tras el parapeto de los servicios que ofrece una funeraria. Los beneficios llegaban por partida doble. En primer lugar, falsificaban la documentación necesaria para retirar -de hospitales y residencias- los difuntos con los mercadeaban, ofreciéndoselos a universidades para su estudio. El precio: 1.200 euros por cada cadáver.
Por otro lado, multiplicaban los dividendos encargándose también de la incineración de los cadáveres, una vez que los estudiantes habían realizado sus prácticas con ellos. Aprovechaban que muchos de los cuerpos estaban desmembrados para meter los retos de varios de ellos en una misma caja y quemarlos juntos. De esta manera, la funeraria pagaba solo una cremación a la empresa que la realizaba pero facturaba por todas.
El primer caso
A una universidad le cobraron 5.040 euros por once incineraciones que no aparecen en ninguna de las facturas emitidas por las incineradoras que opera en la ciudad. Un negocio redondo si no fuera porque la policía tuvo conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital a principios de 2023 y descubrió que la funeraria había falsificado el libro de registro del mismo, así como la documentación facilitada al Registro Civil.
Según explican los investigadores, dos trabajadores de la empresa de servicios fúnebres "se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura". El fallecido debería haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento, pero fue vendido "sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento".
Buscaban un perfil
Era el motivo fundamental por el que siempre intentaban que los cuerpos pertenecieran a personas sin familia o que "hubieran tenido condiciones de vida precarias". Es decir, que fueran vulnerables o sintecho. Los agentes encargados de la operación Thanatos no tardaron en localizar otro caso con el mismo modus operandi.
En esta ocasión, era un hombre que estaba ingresado en una residencia geriátrica. Supuestamente, el varón había autorizado la donación de su cuerpo a la ciencia tres días antes de su fallecimiento. Sin embargo, los investigadores pudieron constatar que en ese momento ya tenía sus capacidades mentales menoscabadas porque sufría un deterioro cognitivo severo.
Ni siquiera respetaron el destino que la víctima habría elegido para su cadáver, una facultad de medicina. Lo llevaron a otra que pagaba más. La Policía Nacional ha detenido tanto a los propietarios de la empresa funeraria investigada como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa. A dos de ellos se les imputa además un delito de falsedad documental.