
El cuerpo sin vida de Silvia López -de 48 años- fue hallado alrededor de las 20.45 horas del pasado miércoles con evidentes signos de violencia en el interior de su coche, que estaba estacionado sin el freno de mano puesto (parado por el muro) en el parking de la urbanización en la que vivía con su familia en Castro Urdiales. El cadáver estaba maniatado, amordazado y presentaba varias puñaladas, una de ellas en la nuca (que resultó mortal).
Nada es lo que parecía inicialmente. Las primeras sospechas se cernieron sobre el marido de la víctima. Los hijos adoptivos de la pareja -de 13 y 15 años- no estaban en la vivienda y se pensó que el padre podía haber matado a la mujer y haberse llevado a los menores. Una hipótesis que fue rápidamente descartada por los investigadores. El hombre se encontraba trabajando fuera de Cantabria, ajeno a lo que había pasado.
La Guardia Civil inició la búsqueda de los hermanos, que finalmente resultaron detenidos como presuntos responsables del homicidio. Los agentes tardaron varias horas en dar con ellos, aunque no habían ido muy lejos. Los encontraron a las 02.15 horas de la madrugada del jueves en una pequeña cabaña del parque Cotolino. Estaban a menos de un kilómetro de distancia de su casa, la escena del crimen.
En un primer momento se barajó la posibilidad de que los hechos hubieran ocurrido en el interior del vehículo donde fue hallado el cadáver de Silvia: que ella hubiera estado en el asiento del conductor, sus hijos la atacaran con un objeto punzante por la espalda (alcanzándola en la nuca) y después hubieran trasladado el cuerpo a los asientos traseros (donde estaba cuando lo encontraron).
Sin embargo, las pesquisas practicadas por los investigadores y la propia confesión espontánea de los chicos han determinado que el asesinato tuvo lugar en la cocina poco después de que los menores llegaran del colegio. En el transcurso de una discusión, el mayor de los hermanos -que se ha autoinculpado como autor material- asestó múltiples puñaladas a su madre con un cuchillo que tenía a mano.
A continuación, bajaron el cuerpo de la mujer al coche y alteraron la escena del crimen con el objetivo de simular un secuestro e intentar ocultar su responsabilidad en el asesinato. De ahí que Silvia estuviera amordazada, maniatada y con una bolsa en la cabeza (que le pusieron para intentar manchar menos durante el traslado). Y también que los adolescentes mencionaran este extremo (que habían intentado raptarlos) en una conversación telefónica que mantienen con su abuela materna, que es quien da la voz de alarma.
La coartada del secuestro
Cuando se produce la llamada, los menores se dirigían al escondite en el que pensaban ocultarse para dar credibilidad a la teoría del secuestro. Es decir, que cuando hablan con su abuela ya habían acabado con la vida de su madre, movido el cuerpo, preparado su coartada, limpiado las evidencias del asesinato y salido de la casa, deshaciéndose de algunos elementos (entre ellos ropa ensangrentada de la víctima), que podían incriminarles y que han sido recuperados por los investigadores, en un contenedor de basura próximo a su domicilio.
A la vista de los datos recabados hasta el momento, la idea de los hermanos no era fugarse. Es posible que -si no lo tenían planificado- al menos hubieran fantaseado con la idea del crimen en alguna ocasión. Los agentes encargados del caso intentan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el asesinato y también el móvil. Una de las hipótesis es que la discusión -que derivó en los trágicos hechos ya conocidos- se originó por los malos resultados académicos del mayor, que habría experimentado un cambio en su comportamiento en los últimos meses.
Existe la posibilidad de que el pequeño, que es inimputable al no alcanzar los 14 años de edad y en estos momentos se encuentra ingresado en un centro de protección de menores, pueda volver con su padre en el futuro. Para el de 15 años, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha acordado el internamiento en régimen cerrado durante seis meses a petición de la Fiscalía. Una decisión que es prorrogable por otros tres meses, por la "presunta comisión" de un delito de asesinato.

