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Conde-Pumpido, al límite: "Su pacto con Sánchez para avalar la Ley de amnistía en el TC peligra por las enmiendas"

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "Conde-Pumpido es capaz de avalar cualquier texto del Gobierno, a diferencia de otros magistrados".

Fuentes jurídicas consultadas por LD afirman que "Conde-Pumpido es capaz de avalar cualquier texto del Gobierno, a diferencia de otros magistrados".
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. | Tribunal Constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra en una situación límite. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que "su pacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para avalar la Ley de amnistía sobre el 1-O en el TC peligra por las enmiendas presentadas en el Congreso en las últimas semanas por ERC y Junts".

Tal y como desveló LD en exclusiva el pasado mes de octubre, Conde-Pumpido colaboró en secreto con el Ejecutivo socialista para elaborar la Ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez desató la polémica en esas fechas al afirmar que los acuerdos que el PSOE alcanzase para conseguir su investidura serían "validados" por el Tribunal Constitucional con "plena normalidad democrática". Es decir, Sánchez anticipó el veredicto del Tribunal de Garantías que preside Conde-Pumpido.

"Las enmiendas presentadas en el Congreso por las formaciones de Carles Puigdemont y Pere Aragonés han puesto en una situación muy delicada a Conde-Pumpido. Especialmente, la enmienda para distinguir el delito de terrorismo que vulnera derechos fundamentales y el que supuestamente no lo hace, todo ello con el objetivo de librar a Puigdemont del caso de Tsunami Democràtic. Conde-Pumpido se comprometió con Sánchez a avalar la constitucionalidad del texto inicial", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el presidente del Constitucional es capaz de avalar cualquier Ley que apruebe el Gobierno, sin embargo, esta tesis podría no ser compartida por el resto de magistrados izquierdistas de su bloque tras las últimas modificaciones. Los magistrados marxistas del Tribunal de Garantías Ramón Saéz Valcárcel y María Luisa Balaguer podrían no estar de acuerdo en condenar a los CDR por terrorismo y en cambio, salvar de este mismo delito a miembros de la alta burguesía catalana como Puigdemont".

No obstante, el mayor obstáculo podría ser el magistrado izquierdista y exministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo. Éste ya presentó su petición de abstenerse en la futura deliberación sobre la Ley de amnistía con el objetivo de intentar preservar "la imparcialidad" del tribunal. Campo concedió como ministro los indultos a los golpistas del 1-O y además se pronunció públicamente en contra de la amnistía.

"Campo es uno de los mayores expertos en terrorismo del país, de hecho, su tesis doctoral versa sobre la represión penal del terrorismo. Si su abstención no es aceptada por Conde-Pumpido, podría votar en contra de la Ley de amnistía y poner en riesgo el voto de otros magistrados izquierdistas. Otra magistrada de este bloque, la vallisoletana y expresidenta de la Sala Social del Supremo María Luisa Segoviano, podría no ver con buenos ojos tampoco la amnistía tras las últimas enmiendas aceptadas y las que puedan aprobarse durante su tramitación", afirman.

"Respecto al resto de magistradas izquierdistas del Constitucional, Laura Díez e Inmaculada Montalbán, no hay ninguna duda, votarán lo que quiera el Gobierno de Pedro Sánchez y les pida Cándido Conde-Pumpido", concluyen. Recordamos que el Pleno del TC está compuesto por 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores.

Conde-Pumpido y el caldo de cultivo para el lawfare en el TC

Tal y como publicó este diario, existe una gran indignación en el seno del Tribunal Constitucional con su presidente Cándido Conde-Pumpido porque "está creando el caldo de cultivo para las acusaciones por lawfare contra magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del propio Tribunal de Garantías".

El pasado mes de enero, el Constitucional enmendó la plana al Alto Tribunal en dos ocasiones en apenas 24 horas: el Tribunal de Garantías anuló la condena impuesta por el Supremo al exdiputado podemita Alberto Rodríguez por patear a un policía y al día siguiente, revocó otra resolución del propio Supremo que acordaba repetir el juicio contra el líder de EH-Bildu Arnaldo Otegi por intentar reconstruir Batasuna en el caso Bateragune.

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