La Policía Nacional ha localizado este domingo el cadáver del bebé de ocho meses que desapareció junto con su madre el pasado viernes en Zaragoza. El cuerpo sin vida del menor se encontraba oculto entre un banco y unos arbustos en las proximidades de la antigua estación de El Portillo. La madre del pequeño, Tatiana Diguele Núñez -de 31 años-, fue detenida horas después.
Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, muestra su indignación ante la falta de eficacia de la administración para intervenir en casos como este, cuyo trágico final "era previsible". El padre del bebé, de nombre Juan Carlos, puso la denuncia por desaparición en la madrugada del viernes y ya advirtió a los agentes de que pensaba que el niño corría peligro, ante la inestabilidad mental que presentaba su madre.
El Heraldo de Aragón informa este lunes de que Tatiana se encuentra embarazada en estos momentos y que habría perdido a un hijo de corta edad anteriormente. Situación que la habría llevado a estar "bastante deprimida". Al parecer, la mujer tenía miedo de "no saber cómo enfrentar la llegada de otro bebé en tan poco tiempo". La policía intentó "agilizar los trámites para localizar al pequeño y su madre lo antes posible". De poco sirvió.
Amills se pregunta ahora por qué no se actuó de otra manera tratándose de una desaparición de dos personas vulnerables. La madre por el estado en el que se encontraba y el bebé por tratarse de un menor cuya supervivencia dependía de la primera. "Era urgentísimo movilizar todos los recursos disponibles en la calle", asevera, No entiende "por qué no se movilizó a Protección Civil ni a policía local, que es quien tiene más efectivos y conoce mejor la ciudad, que no se movilizara a Cruz Roja, ni a bomberos".
"El resultado es lo que tenemos ahora", asevera. Desde su asociación, que recibió la documentación de la desaparición de la mujer y su hijo el sábado alrededor de las 18.10 horas, empezaron a difundir la alerta rápidamente. "Tardamos aproximadamente 14 minutos. En las conversaciones que tuvimos con la familia sabíamos que íbamos contrarreloj, que era un caso de máxima de vulnerabilidad como consecuencia del estado de Tatiana. Los presagios no eran buenos".
Cartas boca arriba
"Yo le pregunto al Ministerio de Interior, al Centro Nacional de Desaparecidos: ¿Cuándo van a activar una ‘alerta AMBER’ (sistema de notificación de desapariciones de menores)?", añade. "Hablamos de una alerta de la que se presumió cuando se creó, hace ya cuatro o cinco años, y que nunca se ha puesto en funcionamiento. Y no se ha puesto en funcionamiento por la burocracia que conlleva".
"Creo que hay que poner las cartas boca arriba en muchísimos temas", señala Amills. "Venimos, desde hace años pero sobre todo en los últimos tiempos, avisando y denunciando el problema de la salud mental en nuestro país en relación con las desapariciones. En su mayoría son personas que no están siendo bien atendidas por culpa de la falta de recursos y de medios, y quienes soportan el dolor son los familiares ante una administración que les da la espalda".
"Tenemos casos, algunos recientes, de personas en tratamiento psiquiátrico ingresadas de forma forzosa y que se escapan de los centros", exclama sabedor del peligro que supone para la integridad física de los demás y la suya propia. "Muchos deciden terminar con su vida", lamenta. "Estamos hartos de avisar y denunciar, y se nos haga caso omiso por parte de la administración. El CNDS no se reúne con nosotros para abordar esos temas. El Ministerio de Interior sólo nos pone trabas".
Para Amills es inconcebible que una asociación como la que él representa, que "no recibe dinero de la administración ni de nadie, que se nutre del trabajo de 60 voluntarios" sea tratada de esta manera. "Es totalmente altruista. Otros tienen que ponerse la cara roja", exclama. Eso sí, la naturaleza de la entidad les da una total independencia. "Somos libres", sentencia.