Los representantes permanentes de los Estados miembros han firmado ya un acuerdo provisional –el pasado 15 de diciembre de 2023– con los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo para impulsar el nuevo Reglamento que debe "establecer un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior de la UE". Y el acuerdo ha aprovechado para recordar que la norma tiene otra parte, muy importante, centrada en "salvaguardar la libertad y el pluralismo de los medios y la independencia editorial en la UE". Y que todo ello es incompatible con presiones observadas sobre la prensa en el espacio comunitario.
El Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación pretende establecer un "marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior de la UE". Para ello, introducirá medidas destinadas "a proteger a los periodistas y a los prestadores de servicios de medios de comunicación de las injerencias políticas, facilitando al mismo tiempo su actividad transfronteriza dentro de la UE". Se trata de la última advertencia lanzada por la UE por la confirmación de presiones sobre los medios de comunicación desde las instancias políticas.
"Las nuevas normas garantizarán el derecho de los ciudadanos a acceder a información libre y plural y definirán la responsabilidad de los Estados miembros de proporcionar las condiciones y el marco adecuados para protegerla", especifica la UE.
Se trata de la primera aprobación de un acuerdo provisional sobre cultura y medios de comunicación bajo presidencia belga de la UE. "El nuevo reglamento protegerá a los periodistas y a sus fuentes y permitirá que los ciudadanos tomen decisiones con conocimiento de causa a partir de información plural e independiente", añade la documentación de presentación del texto.
El 16 de septiembre de 2022, la Comisión publicó su propuesta de reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior. Dicha propuesta estipulaba nuevas normas que dan a los poderes públicos ciertas capacidades de actuación frente a la denominado "desinformación", pero que ahora se especifica que serán operativas "para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación en la UE".
Las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma definitiva del reglamento comenzaron el 19 de octubre de 2023 y concluyeron con el acuerdo provisional alcanzado el 15 de diciembre de 2023.
La presidencia española de turno de la UE impulsó desde el inicio este cambio normativo, pero lo hizo con un cierto tono de control sobre la prensa que critica. Y es que, bajo la fachada de una defensa del derecho de los ciudadanos a acceder a una información "libre y plural", el PSOE insistió en la UE a dar a los Gobiernos la capacidad de decidir qué es considerado como información "libre y plural". Es más, el propio Gobierno español calificó la norma europea como "una herramienta fundamental para proteger la libertad de expresión, la libertad e independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales".
Y esa potestad en manos de Pedro Sánchez puede ser cualquier cosa menos la garantía de información libre. El ministro comunista de Cultura, Ernest Urtasun, por otra parte, fue el último impulsor de esta negociación. Y es que, según Urtasun, "estamos ante un acuerdo importante que va a proteger a los medios de comunicación y a la libertad de prensa en Europa".