Mientras el Gobierno pacta con Junts una amnistía que incluye terrorismo, delitos de alta traición, a los hijos de Pujol y malversación. Y mientras la trama de corrupción del PSOE en el covid no deja de ampliarse, Yolanda Díaz, principal soporte de ese mismo Gobierno y partido inmerso en todo lo citado, ha exigido blindar los derechos trans de los menas por si alguno quiere cambiar de género nada más llegar a España.
El plan ha sido registrado oficialmente en el Congreso por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Y pretende "impulsar el desarrollo reglamentario oportuno" para lograr "la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI" en el caso de los inmigrantes. Igualmente pone el acento en "garantizar la adecuación del nombre y/o sexo registral de los documentos expedidos a personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa regular en España, en virtud de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su reglamento de desarrollo".
El texto de Sumar señala que, "de acuerdo con el Preámbulo de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, su objetivo es desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad".
En lo relativo a las personas trans, el partido de Yolanda Díaz, señala que "en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que eliminó las categorías relacionadas con las personas trans del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. La revisión despatologiza las identidades trans y se considera un paso importante para garantizar que las personas trans puedan vivir libres de violencia y discriminación".
Es más, Sumar señala que "en el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea establece en sus artículos 2 y 3 la no discriminación como uno de los principales valores comunitarios. Asimismo, el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habilita al Consejo a adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual". Y Sumar quiere que España ofrezca todo ello a los inmigrantes.
"El derecho al cambio registral de la mención al sexo se basa en el principio de libre desarrollo de la personalidad del apartado 1 del artículo 10 de la Constitución y constituye igualmente una proyección del derecho fundamental a la intimidad personal consagrado en apartado 1 del artículo 18 de la Constitución", afirma Sumar. Y, la falta de acceso "al reconocimiento de género, y más si se refiere al de personas extranjeras, niega la identidad de una persona hasta tal punto que provoca una ruptura fundamental de las obligaciones del Estado. No facilitar ni articular los procedimientos adecuados a alguien para el reconocimiento legal de su género repercute negativamente en todos los aspectos de su vida: su derecho a la salud, a la vivienda, al acceso a la Seguridad Social, a la libertad de movimiento y de residencia; y también alimenta la discriminación, la violencia, la xenofobia, el racismo, y la exclusión en los entornos sociales, incluidos los educativos y laborales", sentencia el partido de Yolanda Díaz. Por todo ello, Sumar exige celeridad "en lo concerniente a la rectificación de la mención del sexo en los documentos expedidos a personas extranjeras".