El Tribunal de Cuentas ha metido en el congelador la sentencia sobre el golpe del 1-O y su promoción en el exterior a la espera de la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez.
El pasado 17 de noviembre, el Tribunal de Cuentas celebraba una vista sobre el procedimiento en el que se reclama una responsabilidad contable de 3,4 millones de euros a unos 35 encausados. Entre ellos, el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, el también expresidente catalán Artur Mas; el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros de la Generalidad como Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí o Toni Comín. La vista estuvo dirigida por la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal, Elena Hernáez, responsable de dictar la sentencia.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el tribunal que preside Enriqueta Chicano ha metido en el congelador la sentencia a la espera de la aprobación definitiva de la Ley de amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez. Si el tribunal hubiese condenado ya a los golpistas por estos hechos, se hubiera convertido en un problema importante para la Ley de amnistía del Ejecutivo socialista en Europa. Todo ello, antes de que los tribunales españoles presenten sus eventuales cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)".
Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "ya han transcurrido 4 meses desde la celebración de la vista ‘teatrillo’ sobre el 1-O y su promoción en el exterior. El artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), establece que la Administración está obligada a resolver en un plazo de tres meses los procedimientos de responsabilidad contable".
Recordamos que el Tribunal Constitucional sentenció que la acción exterior del 1-O era inconstitucional y el Tribunal de Cuentas aprobó en el Pleno de abril del año 2019 un informe que analizaba la responsabilidad contable de la Generalidad de Cataluña tras dedicar un total de 417 millones de euros a promocionar el golpe fuera de nuestras fronteras a través de las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat.
El informe sólo obtuvo un voto en contra durante su aprobación en el Pleno del Tribunal de Cuentas, e incluso recibió el aval de su presidenta actual Enriqueta Chicano. Sin embargo, de los 417 millones denunciados inicialmente, el tribunal sólo llegó a reclamar únicamente 3,4, millones en un solo procedimiento en el que se unificaron los gastos de la acción exterior y del propio referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El tribunal fue renovado en noviembre de 2021 gracias al pacto alcanzado por el PSOE y el PP de Pablo Casado.
El papel de Santos Cerdán en el Tribunal de Cuentas
Tal y como publicó este diario, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ocultó al Parlamento el informe sobre el gasto de 417 millones de euros en acción exterior del golpe del 1-O. Cerdán fue presidente de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas durante la pasada legislatura y en los últimos meses cobró mucho protagonismo al negociar el pacto de investidura de Pedro Sánchez con el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en Bélgica.
Mientras tanto, el actual presidente de la Comisión Mixta de Tribunal de Cuentas del Congreso, el socialista Juan Francisco Serrano, se negaba este jueves a incluir en el orden del día de la próxima Comisión Mixta el citado informe sobre el gasto en acción exterior del golpe del 1-O. Serrano amenazaba además a los populares con no volver a convocar la Comisión Mixta del tribunal hasta después de las elecciones catalanas si se empeñaban en incluir el informe en el orden del día.