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Nueva querella ante el Supremo contra María Jesús Montero y Álvaro García Ortiz por el caso del novio de Ayuso

Tercera querella por revelación de secretos contra la vicepresidenta del Gobierno y el Fiscal General, puestos de confianza de Pedro Sánchez.

Tercera querella por revelación de secretos contra la vicepresidenta del Gobierno y el Fiscal General, puestos de confianza de Pedro Sánchez.
La vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles. | EFE

Como ya informó Libertad Digital, la Fiscalía del Tribunal Supremo trabaja en la investigación de la denuncia de un particular contra la titular de Hacienda, María Jesús Montero, por supuesta revelación de secretos durante la inspección que la Agencia Tributaria llevaba a cabo sobre Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

El novio de la presidenta, tal y como pudo confirmar Libertad Digital, también prepara, a través de un bufete distinto del que se encarga de sus comunicaciones con Hacienda, una querella contra Montero por los mismos hechos.

A estos dos procesos, se suma este martes un tercero: la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) se querella también contra la Ministra y el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, respectivamente.

La Fundación, integrada, entre otros, por Alejo Vidal-Quadras, Jaime Mayor Oreja, Paco Vázquez, Fernando Savater y Ainhoa Arteta, afirma que Montero "filtró y utilizó para fines partidistas datos fiscales de un ciudadano particular". Entienden que, con ello, se vulnera el derecho de defensa del señor Gónzalez Amador, además de dinamitarse la neutralidad e independencia del Ministerio Fiscal, al que acusan de haberse convertido "en un mero apéndice del Poder Ejecutivo".

A través de esta denuncia y personación, L&A pide al Tribunal Supremo actuar "con justicia y firmeza". Con este proceso, la Fundación demanda al Alto Tribunal poner de manifiesto "que nadie está por encima de la ley", así como evidenciar que los tribunales trabajan para erradicar cualquier práctica que implique "la quiebra de los derechos de los ciudadanos y la utilización de las instituciones con fines partidistas".

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