Pedro Sánchez quiere tapar los escándalos que le rodean volviendo a tirar de Franco y la memoria democrática. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado ya todo un plan de acción para "la preservación de la memoria democrática en todo el territorio del Estado ante las iniciativas autonómicas conocidas como leyes de «concordia» que la pretenden derogar".
El plan del partido de Pedro Sánchez costa de tres puntos. El primero, un pronunciamiento oficial que sirva de "muestra de absoluto rechazo a la derogación de toda normativa en nuestro país conducente a la aplicabilidad de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, oponiéndose frontalmente al empleo del término ‘‘concordia’’ como eufemismo para que desaparezca la condena del golpe de Estado de 1936, se equipare un régimen democrático con el dictatorial franquista o se eliminen los mapas de fosas en territorios de nuestro país".
El segundo punto consiste en que el Gobierno adopte las medidas legales necesarias para garantizar "la preservación de la memoria democrática en todo el territorio del Estado ante las iniciativas autonómicas conocidas como leyes de ‘‘concordia’’ que la pretenden derogar".
Y el tercero, emitir una comunicación que remarque "el compromiso de España con los mandatos otorgados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acatando la obligación del Estado español en su conjunto, lo que incluye a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y a todas las entidades de Gobierno /nacional, regional o local), de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas y de las garantías de no repetición de la violencia pasada". Por supuesto, todo ello con el respaldo del Gobierno, aunque se trate de normas autonómicas.
Los argumentos del PSOE son los esperados. Señala que "los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, en un primer momento, y posteriormente Islas Baleares han sido los primeros en transitar por el camino inverso al señalado por la ONU, siendo «pioneros» en poner en marcha y/o aprobar iniciativas legislativas", según los socialistas, "para derogar su normativa autonómica en materia de memoria democrática, usando para ello el término «concordia», que en verdad esconde una manipulación evidente y un eufemismo vergonzante para eliminar la referencia a la dictadura y al golpe de Estado de 1936, equiparando el periodo democrático de la República al dictatorial franquista o eliminando los órganos de co-gobernanza creados para la reparación de la violación de los Derechos Humanos cometidos en estos territorios de nuestro país".
El propio argumento reconoce, por lo tanto, la capacidad autonómica para aprobar ese tipo de normas porque fueron lanzadas ya en el pasado sobre la misma materia aunque en sentido distinto.
Y, por ello, el PSOE anuncia ya un movimiento legal frontal contra las comunidades autónomas que han extendido las mismas medidas diseñadas para la protección de las víctimas del franquismo, a las víctimas de la II República. Y es que esas normas de concordia no han reducido la protección a las víctimas de la dictadura franquista: lo que han hecho es aplicar las mismas a las víctimas del periodo histórico previo, la II República, en el que el PSOE tuvo un peso decisivo.