En una semana de nuevos ataques furibundos al poder judicial, en esta ocasión contra el juez Peinado y su citación a Sánchez, la Comisión Europea ha hecho público su informe sobre el Estado de Derecho en España haciendo mención a las quejas que vienen haciendo las asociaciones judiciales por la degradación de las instituciones en España y el señalamiento continuo desde el poder político.
"Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad", señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.
El "daño" a esta confianza, añade el documento, es "particularmente relevante" cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales. Los señalamientos en el Congreso de jueces con nombre y apellido se han hecho ya habituales y lo mismo cabe decir de los del Ejecutivo y el partido en el poder, que no duda ya en atribuirles delitos como el de la prevaricación.
El texto se refiere a la "preocupación" que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que "este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial", por ejemplo cuando desde la política "criticaban tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto".
El informe sobre España concluye con una serie de recomendaciones a España en la que Bruselas ha evitado referirse a la ley de amnistía porque su análisis sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario sigue en marcha. Sí reproduce Bruselas parte de las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la norma en la que se apunta la controversia y divisiones que creó, así como la urgencia con al que se tramitó.
Mención a la Fiscalía
En las recomendaciones, la Comisión celebra los "avances significativos" logrados para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y también menciona el acuerdo que, gracias a su mediación mediante un "diálogo estructurado", ha permitido a PSOE y PP pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, con el compromiso en avanzar en la reforma del modelo de reforma después.
Además, admite, "algunos avances" para fortalecer el estatuto del Fiscal General pero los considera insuficientes y pide más esfuerzos en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del mandato del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía. Un mensaje que llega con Álvaro García Ortiz más cuestionado que nunca y al borde de la imputación.