No hay grandes diferencias entre lo firmado entre los socialistas y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa y lo que suscribió Pasqual Maragall el 14 de diciembre de 2003 con la ERC de Carod Rovira para poner fin a 23 años de pujolismo y corrupción pujolista. "El Govern impulsará de manera inmediata un Acuerdo Nacional sobre el Autogobierno y la Financiación que incorpore a todas las fuerzas políticas del país en la preparación de las acciones necesarias para ampliar el alcance del autogobierno, elaborar un nuevo Estatuto y adoptar un nuevo sistema de financiación" decía el primer punto de lo que se llamó Pacto del Tinell pero cuyo nombre oficial era "Acuerdo para un gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalidad de Cataluña".
El documento tenía una extensión de 79 páginas e incluía un anexo con el título "Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalidad ni en el Estado". De modo que el añadido descartaba al PP del conjunto de "todas las fuerzas políticas del país" que iban a avanzar en el autogobierno, estuviera de acuerdo o no el PP con ese objetivo. Ahí se establece una línea roja que se popularizó en el ámbito de la política con la expresión "cordón sanitario". El anexo sostenía también que los firmantes del pacto se comprometían "a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales".
El PP quedaba excluido así del "paraíso catalán", aquel oasis de heces gobernado por Pujol y que ahora pasaba a manos de los socialistas con Pasqual Maragall al frente. La celebración de los Juegos del 92 y su carácter cercano y afable habían forjado una imagen muy positiva del patricio barcelonés que hablaba del federalismo asimétrico, la nación de naciones y de una segunda transición. Maragall no era además el prototipo de catalanista cerrado, monolingüe y talibán, sino que proyectaba un halo cosmopolita.
Todo ello no le impidió firmar un acuerdo y un anexo que mostraban una compresión balcánica de la realidad catalana en la que el PP era el enemigo y se le excluía junto a sus votantes y explícitamente de la política y de la sociedad. El significado del anexo mostraba sin ambages la naturaleza totalitaria del catalanismo. En Cataluña había un grupo de ciudadanos que dejaba de tener derechos, dejaba prácticamente de existir porque no se le iba a tener en cuenta para nada. Esa concepción de Cataluña fue una de las vigas maestras del "Procés". Los no catalanistas no existen.
La reunión de Carod con Josu Ternera
El primer tripartito no tardó en entrar en graves contradicciones y deslealtades entre sus miembros. Tal vez la mayor de todas fue la que protagonizó el entonces líder de ERC y vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira. Sucedió a las pocas semanas de formarse el tripartito y en ausencia de Maragall. Carod-Rovira, presidente accidental de la Generalidad, se reunió en Perpiñán con Josu Ternera y otros etarras para negociar una tregua parcial de ETA, el acuerdo de que no actuaran en Cataluña, donde a fin de cuentas gobernaban quienes tenían el mismo proyecto de país que la banda terrorista. Además, el brazo político de ETA y ERC eran primos hermanos. La alianza sigue vigente a día de hoy con candidatura conjunta a las europeas y unidad estratégica entre los de Rufián y los de Otegi.
El Pacto del Tinell fijaba la redacción de un nuevo Estatuto como objetivo principal. Las discrepancias con ERC fueron constantes y desde el principio. José Luis Rodríguez Zapatero había prometido desde el balcón del palacio de la Generalidad que aceptaría y aprobaría cualquier propuesta de Estatuto que surgiera del parlamento catalán. En ese momento estaba en la oposición pero no tardaría en acceder al poder tras la masacre del 11-M de 2004. Ya en el Gobierno, se reunió con Artur Mas, jefe de la oposición en Cataluña, para acomodar el texto al gusto de los convergentes. Las traiciones y las puñaladas por la espalda eran la constante de aquel primer tripartito. Maragall convocó elecciones mientras desde el PSC se difundía que el presidente padecía una enfermedad mental grave. Meses después fue diagnosticado oficialmente de alzhéimer.
El PSC compartía amplios espacios con ERC y llegó a sustentar la teoría del derecho a decidir hasta que se agudizó la deriva insurreccional del Procés. El Estatuto fue finalmente aprobado en referéndum el 18 de junio de 2006, siendo presidente de la Generalidad el socialista José Montilla, quien lejos de dar un timonazo a la deriva soberanista del PSC la agudizó. Si alguien pensaba que el jefe de los capitanes del PSC (los alcaldes del cinturón rojo votados mayoritariamente por un electorado de origen inmigrante, andaluces e hijos de andaluces, extremeños, murcianos...) iba a reconducir la Generalidad, introducir el bilingüismo y representar a todos los catalanes y no sólo a los nacionalistas se equivocaba del todo.
El nuevo Estatuto tampoco había sido fruto de una demanda popular. Prueba de ello es que la participación fue del 48,85 por ciento. ERC hizo campaña por el "no". Ganó el "sí" con el 73,90% de las papeletas.
Mes y medio después, el PP recurrió el texto estatutario ante el Tribunal Constitucional. La sentencia se hizo pública el 28 de junio de 2010. Los magistrados declaraban inconstitucionales 14 artículos y sujetos a interpretación del tribunal otros 27. El texto de la resolución del Constitucional señalaba además que carecerían de eficacia jurídica todas las referencias a Cataluña como nación y como realidad nacional.
El papel de Montilla
Montilla, que era duramente atacado por los nacionalistas por su origen andaluz y su manera de hablar catalán, puso pies en pared y organizó una manifestación de protesta que pasaría a la historia. "Demostremos que somos una nación y somos un solo pueblo", clamó el presidente de la Generalidad. El eslogan principal de aquella manifestación del 10 de julio de 2010 fue "Somos una nación. Nosotros decidimos". Quedaba inaugurada así la fase final del Procés que desembocaría en el golpe de Estado de octubre de 2017. Montilla tuvo que ser sacado de la manifestación por sus escoltas ante la agresividad que exhibían algunos manifestantes contra el presidente de la Generalidad.
En las siguientes elecciones autonómicas se impuso Artur Mas al frente de una Convergencia que abrazaba ya sin remilgos las tesis separatistas y que recrudeció y aceleró el Procés para culpar al Gobierno de los duros recortes que se vio obligada a realizar la administración autonómica tras casi ocho años de gobiernos tripartitos.
Catorce años después de haber perdido el poder en Cataluña, el PSC vuelve a presidir la Generalidad a través de Salvador Illa, ministro de Sanidad durante la pandemia. Con la capa de tecnócrata amable puesta ha suscrito un acuerdo con ERC más corto, 25 páginas, y sin parte aneja. Pero que el texto sea más corto no significa que sea menos ambicioso, ya que sustenta sobre la soberanía fiscal de Cataluña (la Generalidad recaudará todos los impuestos y decidirá qué parte devuelve al Estado para los gastos comunes y como cupo "solidario") y la independencia económica de facto. Pedro Sánchez lo expresó sin rodeos. El pacto supone un avance en la federalización del Estado. Siguiente parada, la independencia.